La suegra de Jesulín de Ubrique comparece ante el juez por presunto fraude a la SeguridadSocial

La suegra del diestro Jesulín de Ubrique, Remedios Torres, ha sido puesta en libertad tras declarar durante cuatro horas ante el juez por su presunta implicación como beneficiaria de una trama de fraude a la Seguridad Social. Según fuentes de la Guardia Civil, Torres fue detenida el jueves por la noche en el municipio de Ubrique (Cádiz), como supuesta beneficiaria de falsos certificados médicos de invalidez para el cobro de pensiones. Poco después quedó en libertad provisional con la obligación de comparecer ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz. La comparecencia se inscribe dentro de las diligencias abiertas por la operación Karlos, en la que también fue arrestada el pasado día 8 su hija María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique. De acuerdo con lo que ha transcendido, otra mujer con verdadera incapacidad laboral se hizo pasar por Remedios Torres durante el reconocimiento médico para obtener este documento a su nombre. Por el momento, se ignora si su puesta en libertad ha sido con o sin cargos. Eran cerca de las dos y media de la tarde cuando la suegra del matador de toros abandonaba a toda prisa las dependencias judiciales gaditanas en medio de una gran expectación por parte de los medios de comunicación y vecinos. Mientras un grupo de curiosos la increpó tachándola de «ratera», otro la jaleó. Libertad provisional Su hija, María José Campanario, se encuentra en libertad provisional, imputada en esta misma trama, después de haber pagado una fianza de 12.000 euros. De acuerdo con lo que ha trascendido, Campanario pudo pagar 18.000 euros para obtener un certificado falso de invalidez para su madre. Además de la madre de Campanario, el jueves fueron detenidas otras cinco personas, entre ellas, la cuñada del presunto cabecilla de la trama, Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique. De este modo, se elevan ya a 20 las personas detenidas por esta causa, aunque sólo una de ellas permanece en prisión preventiva, F.C.P.L, funcionario del Equipo de Valoración de Incapacidades. Los beneficiarios de estas pensiones llegaban a pagar 24.000 euros para obtener la falsa incapacidad. Esta cifra era luego repartida entre los implicado. En el caso de que el beneficiario careciese de dinero, «dicho médico les facilitaba una póliza a través de entidades bancarias que posteriormente eran abonadas una vez concedida la pensión».