Amnistía Internacional denuncia que en Europa se recortan derechos

Los Gobiernos europeos antepusieron en 2005 la seguridad a los derechos humanos, «que siguieron recortando», según el último informe global de Amnistía Internacional presentado hoy en Londres. AI destaca el caso del Reino Unido, donde el año pasado se aprobaron nuevas leyes antiterroristas a pesar de que este país contaba ya una de las legislaciones más duras de Europa en esa materia. La organización critica también que el Ejecutivo de Tony Blair siguiese «erosionando la prohibición absoluta y universal de la tortura» al intentar expulsar a personas a países donde se exponían a ser torturadas. AI denuncia asimismo que varios Estados europeos «podían estar implicados» en traslados ilegales y secretos de personas efectuados por EE.UU. a países donde la tortura es una práctica habitual o a bases militares y lugares secretos donde los detenidos quedaban bajo custodia estadounidense. Las preocupaciones por la seguridad y la presión política ejercida para controlar la «inmigración ilegal» también motivaron el que en el 2005 no se tratara a los solicitantes de asilo «como una cuestión principalmente de derechos humanos», prosigue AI. Muchas de esas personas fueron expulsadas ilegalmente de países como Chipre, España, Grecia, Italia o Rusia antes de que se examinasen sus solicitudes y algunas fueron devueltas a países «donde podían sufrir violaciones de derechos humanos». Amnistía Internacional recuerda también a las al menos trece personas que murieron «cuando intentaban entrar en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos». La organización expresa su preocupación en su Informe 2006, referido a la situación de los derechos humanos en el mundo el año pasado, por el hecho de que en el 2005 siguió habiendo manifestaciones de racismo, discriminación e intolerancia por raza o religión y que tuvieron entre sus víctimas a judíos, musulmanes y gitanos. AI cita el caso de los disturbios protagonizados en Francia por emigrantes y ciudadanos franceses de origen magrebí y subsahariano, «al parecer indignados por las prácticas discriminatorias en la sociedad francesa y por la conducta a menudo racista y agresiva de la policía». «En toda la región se recibieron informes de tortura y malos tratos, perpetrados a menudo por motivos raciales» y que, en algunos casos, «las personas detenidas murieron a consecuencia de esos abusos o del uso excesivo de la fuerza en países como Bulgaria, Rusia y España», continúa el informe. La organización también destaca el clima de intolerancia registrado en Letonia, Polonia y Rumanía, contra las comunidades de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero.