El Gobierno obligará a las ciudades a garantizar la calidad del aire

El Gobierno prepara una ley que obligará a las comunidades autónomas y ciudades a tomar medidas para garantizar una calidad mínima del aire y que prevé que cuando se superen determinados límites se puedan suprimir actividades contaminantes, como el tráfico automovilístico. El Ministerio de Medio Ambiente presentará hoy el anteproyecto de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se celebrará en Tenerife durante dos días. Según este texto, todas las grandes ciudades españolas (aquellas con una población superior a 500.000 habitantes) y varias zonas industriales como la de Bailén (Jaén) superan los niveles de contaminación y deberán, cuando entre en vigor esta ley, aprobar planes para reducirlos y mejorar la calidad del aire. El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, informó de que cada comunidad deberá dividir su territorio en zonas según los diferentes niveles de contaminación e identificar los lugares donde se superen los niveles, y tener en cuenta esa zonificación a la hora de elaborar y aprobar planes urbanísticos. Aizpiri dijo que esa zonificación y conocimiento puede en el futuro limitar nuevas construcciones o infraestructuras que aumenten la contaminación en un punto y subrayó que deberán ser coordinadas por las comunidades y por los ayuntamientos. El secretario general dijo que ningún plan municipal de mejora de la calidad del aire «merece ese nombre», y citó como ejemplo el caso de la ciudad de Madrid. Insistió en que esos planes tienen que ser integrales, y dudó de la utilidad de un plan que no ha sido consensuado con la Comunidad de Madrid y con otros ayuntamientos, cuando por ejemplo las mayores concentraciones de ozono en verano se trasladan al Corredor del Henares. La futura ley, que sustituirá a una vigente desde 1972, prevé medidas económicas, financieras y fiscales para favorecer la prevención y la reducción de la contaminación, e incluirá un régimen con sanciones que llegarán hasta dos millones de euros. Aizpiri apuntó además la posibilidad de que en el futuro se cree un sistema de comercio de derechos de emisión para algunos de los catorce contaminantes más controlados, similar al comercio ya existente de dióxido de carbono previsto en el Protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático. Ese régimen posibilitaría que las empresas españolas más contaminantes comprarán derechos a otras empresas más limpias, para fomentar la instalación de tecnologías que sean menos contaminantes.