La Junta aprueba la creación de una Sociedad Pública de Medio Ambiente

Si el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con organismos autónomos o empresas públicas como Icona, Confederaciones Hidrográficas o Sociedades Estatales de Aguas, la Consejería de Medio Ambiente no quiere quedarse atrás y, en este sentido, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Sociedad Pública de Medio Ambiente, con carácter de sociedad anónima, la cual se adscribirá a la citada Consejería. Según ha afirmado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, «entre sus objetivos está superar el déficit de inversiones que supondrá la pérdida de los fondos estructurales y de cohesión y permitirá aprovechar el rico patrimonio natural de Castilla y León, que es una fuente de creación de empleo y riqueza en el medio rural». La sociedad pretende, además, impulsar nuevas áreas de actividad en el sector ambiental a través de sociedades mixtas participadas por la empresa pública; garantizar un correcto funcionamiento de las infraestructuras ambientales existentes e impulsar gestiones en colaboración con las entidades locales, lo que permitiría maximizar su rendimiento, economizar los costes de explotación y conseguir una mayor agilidad en el diseño, ejecución y gestión de las infraestructuras ambientales. La idea, según el consejero, es que Castilla y León «empiece a competir en la primera división europea del medio ambiente», precisamente cuando la Comunidad va a perder su condición de Objetivo 1 y por tanto gran cantidad de fondos económicos. Indicó, además, que se desarrollarán nuevos proyectos en el sector ambiental, especialmente de biomasa, dada la importancia que tiene este recurso en la Comunidad y el auge que alcanza la energía que se obtiene a partir de este recurso renovable. Financiación La sociedad nace con un capital social de 500.000 euros, que serán suscritos íntegramente por la Administración regional, de los que el 25% serán desembolsados con carácter previo a su constitución y, el resto, en la forma y plazo que establezcan los estatutos. Según se recoge en el articulado del proyecto de ley, el objeto social de la empresa se concreta en la realización de todo tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obras, consultorías, asistencias técnicas y servicios relacionados con la promoción, protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente, en los ámbitos del medio natural, la calidad ambiental y las infraestructuras ambientales. En cuanto al régimen de actuación, la sociedad se califica como medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración regional y, sobre esa calificación, se establece su obligación de realizar, por sí misma o por terceros, los trabajos que en las materias que constituyen el objeto social de la empresa le encargue dicha Administración. La financiación de la Sociedad Pública de Medio Ambiente será a través de sus propios recursos, de las consignaciones presupuestarias que le sean asignadas por los presupuestos generales de Castilla y León, de los ingresos procedentes de las actividades comerciales que pueda realizar, de las aportaciones de otros organismos, entidades y empresas que presten su colaboración, de las operaciones de crédito que se concierten, o de las subvenciones y ayudas de cualquier clase y procedencia que puedan percibirse y los ingresos procedentes de las administraciones públicas.