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Publicado por
ARTURO MANEIRO
León

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OFICIALMENTE se puede decir que ha desaparecido definitivamente el Ente RTVE para convertirse en la Corporación RTVE y que no se trata sólo de un cambio nominal. El martes día 6 de junio salió publicada en el BOE la denominada Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, que entró en vigor el día siguiente. A partir de esta fecha, el Gobierno tiene en sus manos la decisión de constituir la nueva corporación. La nueva ley exige una remodelación total de los cargos directivos a todos los niveles, por lo tanto RTVE empezará de nuevo. Se abre una etapa de renovación. No se sabe si las jubilaciones pactadas, incentivadas y anticipadas serán antes o después de constituirse la nueva corporación, pero serán. La nueva ley tiene muchas cosas curiosas y no se pueden comentar todas en un artículo. Pero hay una que afecta a las televisiones autonómicas que sí merece una referencia o reflexión. Esta ley deja bien claro que es sólo de la radio y la televisión de titularidad estatal. Y, de hecho, en su articulado sólo habla de la RTVE anterior y la RTVE nueva. Sin embargo, sucede que, legalmente, las televisiones autonómicas también son de titularidad del Estado. Y la nueva legislación no entra para nada en la organización de las televisiones autonómicas. Nos encontramos con que se ha reformado el modelo que deberían seguir obligatoriamente las televisiones autonómicas para su creación y funcionamiento, pero se mantiene el modelo sólo para las autonómicas. Lo cual es un contrasentido. Si se modifica el modelo, se deberían modificar también las modeladas. Por lo menos, la nueva ley debería dar la oportunidad a que todas aquellas televisiones autonómicas que lo quieran puedan organizar su propia corporación de televisión autonómica. También sería muy consecuente que estas televisiones autonómicas dejaran de ser legalmente de titularidad estatal y pasaran a ser de titularidad autonómica con todas las consecuencias. A partir de este momento, en que la nueva ley ya está en vigor, todas las comunidades autónomas deberían poder comenzar el proceso de modificación definitiva de sus propias radios y televisiones públicas. Es lo único coherente desde el punto de vista legal y de organización del Estado de las Autonomías.