Diario de León

El aumento de la población alarga entre dos y cinco días la espera quirúrgica

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Manu Mediavilla - madrid
León

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El tiempo medio de espera quirúrgica se ha alargado cuatro días en los últimos seis meses cuantificados (de 79 en junio de 2005 a 83 en diciembre pasado), y también ha subido casi un punto (del 8,51% al 9,48%) la proporción de pacientes que llevan más de seis meses en esa lista. En cambio, han bajado el número de personas incluidas en ella (de 406.661 a 385.050) y la tasa por mil habitantes (de 11 a 10). La explicación, según apuntó ayer la ministra Elena Salgado al término del Consejo Interterritorial de Salud, está en el crecimiento poblacional de dos millones de habitantes y en la consecuente mayor demanda de servicios sanitarios, que han contrarrestado el aumento del 19% en la actividad quirúrgica (de 959.027 a 1.144.588 operaciones) en los dos últimos años. De hecho, los datos de diciembre del 2005 se parecen mucho a los de dos años antes (81 días, 9,16% y 384.558 pacientes), y su tendencia apenas registra un cambio ligeramente más marcado en junio del 2004, cuando la espera media cayó hasta 75 días, aunque sin variar el número de 384.000 pacientes. En diciembre de 2004 volvió, con 78 días, a la tónica habitual. Bancos de cordón umbilical Madrid también se desmarcó del resto de comunidades cuando el Consejo Interterritorial de Salud informó favorablemente el decreto sobre donación y trasplante de células y tejidos humanos. La norma, que hará de España el primer país en trasponer la directiva europea 2004/23/CE, contempla la posibilidad de crear bancos privados de cordón umbilical, pero impone limitaciones que la comunidad madrileña discute. Salgado subrayó dos obligaciones: dar a los interesados una «información veraz sobre las escasas posibilidades de utilización para los propios donantes» de las células almacenadas, y que éstas estén «a disposición» de cualquier enfermo que pudiera necesitarlas. Esta circunstancia le parece a Lamela (quien planteó dudas sobre la constitucionalidad del decreto por «vulnerar las competencias sanitarias» de las autonomías) que niega a la familia donante la posibilidad de garantizar una cura para sus hijos si en el futuro necesitaran esas células.

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