La Ley de Calidad del Aire aumenta el control sobre la contaminación12 millones deespañoles respiranaire contaminado

La contaminación atmosférica continúa siendo motivo de seria preocupación en España y el resto de Europa porque se alcanzan niveles con efectos adversos muy significativos para la salud humana y el medio ambiente, particularmente en las aglomeraciones urbanas. Para luchar contra ella, y contar con mayor información de los niveles de polución, el Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado un Anteproyecto de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera en el que se unifica la normativa existente y faculta y obliga a las comunidades autónomas a ejercer un control riguroso en esta materia. El texto aborda la gestión de la calidad del aire y la protección de la atmósfera a la luz de los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de la contaminación en la fuente misma y de quien contamina paga, y desde un planteamiento de corresponsabilidad, con un enfoque integral e integrador. En la futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1972, se reconocen las competencias de las autonomías, reserva a la administración central los criterios en materia de autorizaciones o control atmosférico, y pone las bases para la posibilidad de un comercio de emisiones para reducir los contaminantes atmosféricos. Comercio de emisiones Se prevé que la ley sea aprobada a la mayor brevedad posible porque las nuevas directivas comunitarias han puesto en evidencia que las grandes áreas metropolitanas españolas, como Madrid y Barcelona, superan los límites máximos sobre partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno. Un incumplimiento que se generalizará cuando a partir del año 2010 entren en vigor los nuevos límites máximos, que serán aún más estrictos. En el texto se identifican más de 600 actividades que pueden contaminar la atmósfera y fija el procedimiento para obtener la autorización administrativa, concedida por las autonomías, en la que se establece qué gases pueden emitir y sus límites. La futura ley establece que las autonomías tendrán que dividir el territorio en zonas, según los niveles de contaminación, identificando las que superen los permitidos. Esta división «deberá ser tenida en cuenta en la elaboración y aprobación de los planes urbanísticos y de ordenación del territorio y de transporte». La futura ley fija que si se superan los niveles de contaminación, comunidades y ayuntamientos fijaran «las medidas de control o supresión de aquellas actividades que sean significativas en la situación de riesgo, incluido el tráfico automovilístico». Con ello, se busca promover que las Administraciones públicas incorporen las consideraciones relativas a la calidad del aire y la protección de la atmósfera en la planificación, definición, ejecución y desarrollo de las distintas políticas sectoriales y que se esfuercen en procurar un desarrollo sostenible fomentando todas aquellas iniciativas que contribuyan a la conservación del ambiente atmosférico y evitando, en la medida de lo posible, actuaciones contrarias a dicho objetivo. Medidas económicas La ley también prevé «medidas económicas, financieras o fiscales que favorezcan la prevención y reducción de la contaminación atmosférica». El anteproyecto contempla también, la creación de un sistema nacional de información y vigilancia de la contaminación y obliga a las comunidades autónomas a enviarle los datos de forma periódica. El texto incluirá un régimen sancionador (entre 200.000 y 2 millones de euros para las infracciones muy graves); incentivará los acuerdos voluntarios de las empresas de descontaminación y obligará a las administraciones a informar a los ciudadanos sobre la contaminación de forma clara y comprensible. El ministerio podrá crear un sistema de comercio de derechos de emisión para algunos de los 14 contaminantes controlados. Se trata de que las empresas que más contaminen puedan comprar cuotas a aquellas más limpias y así fomentar la instalación de las tecnologías menos contaminantes, de forma similar al mecanismo del mercado de derechos de CO2 fijado por el Protocolo de Kioto. Más de 12 millones de españoles respiran aire contaminado y unas 90 ciudades, la mayoría de las grandes urbes (Madrid, Barcelona, Sevilla, Tenerife, Bilbao, Málaga o Gijón) y sus alrededores incumplen las directivas europeas superando con creces los niveles permitidos por Bruselas. La normativa comunitaria estableció para el año 2005 que los límites de partículas en suspensión no superasen los 50 microgramos por metro cúbico un máximo de 35 días al año, y que el valor medio del óxido de nitrógeno no debía sobrepasar los 50 microgramos por metro cúbico. El fracaso ha sido clamoroso porque hay estaciones en muchas ciudades que superaron el límite durante más de tres meses al año. El resultado son problemas de salud, algo a tener en cuenta porque tabaquismo y contaminación ambiental son responsables de patologías como asma y bronconeumopatía obstructiva crónica. Según la UE, la polución atmosférica causa cada año la muerte prematura de unos 16.000 españoles por cáncer y enfermedades respiratorias (13.900 se debieron a las partículas en suspensión), sin contar los casos de asma, alergias y problemas circulatorios. Las partículas en suspensión (restos de materia procedentes de la quema de los combustibles fósiles) se han convertido en la mayor preocupación de los expertos ya que por su pequeño tamaño llegan fácilmente a los alvéolos pulmonares ocasionando daños en el aparato respiratorio, la coagulación sanguínea y el ritmo cardíaco.