Los envases con metales pesados serán multados con 600.000 euros El objetivo es lograr el reciclado de entre el 60 y 80%

La nueva ley de envases y residuos sancionará con hasta 600.000 euros la puesta en el mercado nacional de envases con una concentración de metales pesados -plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente- superiores a 100 ppm (partes por millón) en peso. Perturbar gravemente la protección del medio ambiente, la salud e higiene públicas o la seguridad de los consumidores también puede conllevar una multa de este importe, al igual que poner en el mercado de productos envasados sin estar acogidos al sistema de depósito, devolución y retorno o a otro de los sistemas integrados de gestión de residuos de envases y envases usados. Estas sanciones corresponden a las infracciones muy graves contenidas en el borrador de la propuesta de modificación de la ley 11/1997 de envases y residuos de envases que presentó ayer el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Jaime Alejandre. Por otro lado, producir envases etiquetados o marcados con la leyenda «no retornable» o carecer de un plan empresarial de prevención de residuos, pueden conllevar una multa de hasta 60.000 euros. El objetivo de la ley es «romper el binomio perverso de que a mayor crecimiento, más generación de residuos», explicó Alejandre, quien argumentó que «actualmente hasta el 30% de los residuos sólidos son envases». El borrador presentado ayer es resultado de «año y medio de trabajo» y será analizado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (Cama), que se reunirá el lunes próximo, para pasar luego a la Conferencia Sectorial y poder ser presentado al Consejo de Ministros e iniciar su trámite parlamentario en el 2007. El proyecto pretende que se cubran los costes específicos totales de la gestión de envases y para ello aplica el principio de la responsabilidad del productor. Estos costes engloban el coste de recogida y transporte de envases usados y residuos de envases a la planta de selección y clasificación o reciclado, el coste de su procesamiento en estas plantas, el transporte a planta de tratamiento térmico, el coste de vertido, de las campañas de sensibilización y de los gastos en que incurran las entidas locales o las comunidades autónomas por el control y seguimiento de la gestión de los envases usados. Sistema de devolución El proyecto hace obligatoria la implantación de un sistema de devolución, depósito y retorno para los envases peligrosos, para aquellos cuya recogida funcione así mejor que con un sistema de gestión integrado y para aquellos para los que no se cumplan los objetivos ecológicos de la UE. Elimina la excepcionalidad para los envases comerciales e industriales que preveía la ley anterior y crea una Comisión Nacional de Envases con más instituciones representadas y funciones más amplias. Los envasadores estarán obligados a elaborar un plan empresarial de prevención, pero podrán asumir planes colectivos elaborados por las entidades gestoras de los sistemas integrados de gestión, asociaciones empresariales, centros de investigación, institutos tecnológicos u otras instituciones. Lograr un porcentaje de reciclado de envases de entre el 60 y el 80% antes del 2008 es uno de los objetivos del nuevo proyecto de ley sobre esta materia que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre con el objetivo de que entre en vigor antes de que termine la actual legislatura. Las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento ascenderán hasta 600.000 euros. Esta iniciativa legislativa, que supone una modificación de la Ley de Envases de 1997, se plantea prevenir y reducir el impacto que los recipientes y sus residuos tienen en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida. Según afirmó ayer el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Jaime Alejandre, no se trata de una nueva regulación, sino de «aprovechar la experiencia adquirida en la aplicación de la Ley actual». Para conseguirlo, el nuevo proyecto de ley establece medidas destinadas a la prevención de la producción de residuos de envases y a su reutilización con el fin de evitar o reducir su eliminación. El ambicioso objetivo es lograr en dos años el reciclado o reutilización del 60% del vidrio y papel-cartón y del 22,5% de plásticos, entre otros materiales. La nueva ley, que integrará todos los textos que regulan esta materia para fundirlos en uno, contempla por primera vez la gestión de envases industriales y comerciales y la creación de un órgano colegiado, la Comisión Nacional de Envases (Conae), en el que estarán presentes todas las organizaciones relacionadas con el sector, desde sindicatos y entidades locales, hasta grupos ecologistas. Dependerá de la Administración General del Estado y estará adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. En cuanto a sus competencias, se prevé una ampliación respecto a la anterior Comisión, y contará con funciones consultivas y de asesoramiento. La nueva ley, subrayó Alejandre, atenderá al principio de que «quien contamina paga» y recogerá disposiciones para configurar un Sistema Integrado de Gestión (SIG) similar a los puestos en marcha en otros países.