La UE se centra en la velocidad y el alcohol en los controles de tráfico

Velocidad y alcohol forman un binomio explosivo en las carreteras europeas, con miles de muertos cada año, y son, por este motivo, los dos aspectos más vigilados por las autoridades de tráfico de los países de la UE. Un informe comparativo sobre los 25 socios comunitarios destaca a España como uno de los países con menor proporción de controles de alcoholemia por habitante, pero más duros contra el uso de teléfonos móviles. El estudio, auspiciado por la Fundación Mapfre, la Asociación Española en la Carretera, y la Federación de la Carretera de la UE, analiza la normativa en todos los países de la Unión, las estrategias de vigilancia y el régimen sancionador vigente. Cada país establece sus propios topes de velocidad en función del tipo de vía. En zonas urbanas hay coincidencia abrumadora en los 50 km por hora, con algunas excepciones, como los 60 kilómetros hora de Portugal y Eslovaquia, o los 48 del Reino Unido. Fuera de zona urbana se da la mayor variedad, entre los 65 u 80 km/h. de Chipre y los 96 a 112 del Reino Unido. En autopistas, todos los socios fijan sus límites de velocidad entre los 110 km/h y los 130. Hay, no obstante, grandes diferencias en el número de infracciones por velocidad excesiva que cada país impone, y que depende en buena medida del número de controles y la cantidad de radares desplegados en la red viaria. Finlandia e Irlanda son los países con mayor de cantidad de dispositivos mecánicos de detección de conductores temerarios, mientras España y Lituania se sitúan a la cola, con datos de 2004. Ahí radica en parte, a juicio de los autores, el bajo porcentaje de multas por exceso de velocidad en España, donde sólo el 1,5% de la población fue multado por este concepto -en Italia menos aún, el 1,3%-, frente al 45% de los holandeses «cazados» por los radares a lo largo del año. Las multas por velocidad también son muy diferentes entre países. Van de los 200 euros en Grecia hasta los 5.000 que puede imponer Luxemburgo. Bélgica, Luxemburgo y Suecia contemplan incluso penas de cárcel de más de un año, mientras el resto de los países no aplican sanciones penales si no media accidente o riesgo serio de siniestro.