Opera en 158 países contra la explotación y violencia en niños
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), distinguido ayer con el Premio Príncipe de Asturias, es la principal organización defensora de los derechos de la infancia y opera en 158 países para proteger a los niños de la violencia, la explotación, los malos tratos y la discriminación. La Convención sobre los Derechos del Niño es la ley fundamental sobre la que basa todo su trabajo. Premio Nobel de la Paz (1965), la organización busca también la transformación social y por ello compromete en su trabajo a todos aquellos sectores sociales que puedan contribuir con el desarrollo de su objetivo. Creada en 1946 por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas para responder a las necesidades más urgentes de la infancia tras la Segunda Guerra Mundial, Unicef destinó sus primeros programas a ayudar a millones de niños y niñas de Oriente Medio, China y Europa. Desde entonces, y según explica la propia organización en su pagina web, la protección de todos los niños y niñas sin distinción de raza, credo, nacionalidad o religión se convirtió en una misión universal que ya tiene más de 50 años de historia. Sus ingresos los obtiene de contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones gubernamentales, grupos del sector no gubernamental y privados-particulares. Entre los principales países donantes figuran, según los datos del 2005, Estados Unidos, Noruega, Japón, Reino Unido y Suecia. España ocupa el puesto 18 de la lista. En el citado año, el total de contribuciones ascendió a 2.762 millones de dólares. Aunque es parte integrante de las Naciones Unidas, Unicef tiene un carácter semiautónomo. Su órgano de gobierno es la Junta Ejecutiva, encargada de dirigir la política, los programas y las finanzas, y está compuesta por delegados de 36 países miembros: nueve de Africa, nueve de Asia, seis de América Latina, cuatro de Europa Oriental y 12 de Europa Occidental y otras regiones. El Director Ejecutivo es nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, previa consulta al Consejo Económico y Social, y su mandato es de cinco años.