El Congreso aprueba la Ley de Dependencia por amplia mayoría

Un aplauso cerrado saludó este jueves la aprobación en el Congreso de la futura Ley de Dependencia. Aún falta el trámite en el Senado y un último pase por la cámara baja, pero la sesión de ayer dio un buen anticipo del apoyo mayoritario que concita la que es, para muchos, la ley más trascendente de la legislatura y de la década. Ninguna otra tiene un alcance similar, atender a 1,2 millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos, y ninguna es tan universal, porque la edad, inexorable, hará a todos los ciudadanos beneficiarios de la red de protección social que está a punto de nacer. Se llamará, tomen nota, Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La ley, de nombre inacabable -Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia- sumó los votos a favor de todos los grupos, incluido el «apoyo crítico» del PP. Sólo fue rechazada por los nacionalistas de CiU, PNV y las dos diputadas de Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai, que denuncian invasión en las competencias autonómicas en materia de protección social. El debate de ayer culminó un intenso proceso negociador de varios meses a múltiples bandas y la incorporación de mejoras al texto inicial fraguadas en un amplio consenso para construir la cuarta 'pata' del Estado del bienestar, junto con la educación, la sanidad pública y las pensiones. Una vez aprobada la ley, el futuro SAAD convertirá en responsabilidad de las administraciones públicas lo que hoy es una cruz con la que cargan en privado los dependientes -ancianos, discapacitados físicos o psíquicos...- y sus familias. Ocho años de desarrollo Los servicios de ayuda, las residencias, la atención domiciliaria, los centros de día, los cuidadores, etc., no serán gratis, ni se implantarán todos de inmediato, sino a lo largo de ocho años, entre 2007 y 2015. A cambio, será un derecho universal, exigible por cualquier ciudadano que lo necesite, y dará carta de naturaleza legal e institucional a las prestaciones, aisladas y muy desiguales, que ofrecen las comunidades y los ayuntamientos a sus ciudadanos. La ley «garantizará un mínimo estándar de igualdad» de las prestaciones y servicios en todo el territorio español, aseguró Jesús Caldera. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recalcó ante el pleno que, por primera vez, millones de personas tendrán «el derecho a ser atendidas por las administraciones» cuando los achaques de la edad, la enfermedad o alguna discapacidad les impida manejarse por su cuenta. Como Caldera, otros portavoces resaltaron la relevancia histórica de la ley. Lo hicieron, eso sí, en un hemiciclo casi vacío, con más invitados que diputados. Es el signo de esta coyuntura política, dijo el diputado de Coalición Canaria Román Rodríguez, en la que escaramuzas intrascendentes se llevan los titulares de prensa, «mientras lo principal (como la Ley de Dependencia) pasa a ser secundario». Los grupos que apoyaron la ley destacaron el gran esfuerzo realizado en aras del consenso final. Más de un centenar de enmiendas se han incorporado al texto inicial fruto de ese esfuerzo conciliador. Algunos cambios introducidos son sustanciales. La aportación financiera de la administración central -12.600 millones de euros hasta el 2015, en total- se definirá año a año en los Presupuestos Generales del Estado. Con ella se sufragará el catálogo mínimo de prestaciones común a todo el territorio. A partir de ahí, cada comunidad autónoma definirá los servicios que ofrecerá a su población dependiente, y el coste de este segundo nivel se repartirá a partes iguales con el ejecutivo central por medio de convenios. LOS PUNTOS DE LA LEY Será un derecho universal que todo ciudadano podrá reclamar si lo necesita El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia será un sistema público Participarán todas las administraciones y la iniciativa privada por medio de conciertos coordinados desde la red pública El Consejo Territorial articulará el sistema Se creará un Comité Consultivo con participación de sindicatos, empresarios VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Dependencia moderada, severa y gran dependencia. Cada uno de los grados dividido en dos niveles Cada dependiente tendrá una categoría y nivel, según un baremo que aprobará el Consejo Territorial A partir de 2007 todos los ciudadanos que lo deseen podrán pedir la valoración de su dependencia Una vez reconocida su condición, la categoría será válida en todo el Estado PRESTACIONES Teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, residencias. Prestaciones económicas para contratar un servicio en el mercado privado mientras se completan las infraestructuras y la red públicas. Primará el servicio a las ayudas económicas. Excepcionalmente, el beneficiario podrá optar por ser cuidado en el entorno familiar. El cuidador familiar cobrará un salario y deberá darse de alta en la Seguridad Social. Asistencia personalizada para los grandes dependientes Los seguros privados de dependencia tendrán ventajas fiscales DATOS ACTUALES Personas con dependencia grave o severa en España 1,1 millones Familias que cuentan con apoyo de los servicios sociales Porcentaje de cuidadores que son mujeres Porcentaje de mayores de 65 años con ayuda a domicilio Porcentaje de mayores de 65 años con plaza en un centro de día Porcentaje de cuidadores que poseen un puesto de trabajo 20%