La ley obligará a todas las empresas que contaminen el suelo a pagar y restaurar Los ministros europeos aprobarán el lunes una ley sobre calidad del aire

El crecimiento de la economía española en los últimos años se ha conseguido bajo fuertes presiones ambientales. Por este motivo, el Gobierno prepara un anteproyecto de Ley de Responsabilidad medioambiental para poner coto a los desmanes y obligará a reparar los daños en su integridad y devolver los recursos naturales a su estado original. Una medida que evitará que los presupuestos públicos sufraguen reparaciones de este tipo y que sólo en los últimos siete años han costado 183 millones de euros. Los principios que inspiran la futura ley se centran en «quien contamina paga» y en la prevención del medio ambiente. Todo con el fin de asegurar que los daños ocasionados por la actividad económica sean costeados de manera efectiva por sus responsables. Para garantizar el cumplimiento de la norma, la ley exige a los operadores que cuenten con una garantía financiera con la que cubrir la responsabilidad ambiental en la que puedan incurrir. Dicha póliza se aplicará en función de la evaluación del daño y va desde los 300.000 euros a los más de dos millones. Cualquier multa podrá ir acompañada de la suspensión de la licencia de actividad durante un año. Antes del 30 de abril del 2007 Esta norma suple una directiva europea del año 2004 y la pretensión del Gobierno es ponerla en marcha antes del 30 abril del 2007, fecha límite marcada por la Unión Europa. Mientras que la garantía financiera que se exige a los operadores tendrá efectos a partir de del mismo día del año 2010. Este anteproyecto atiende así una de las promesas electorales del PSOE y cumple con el mandato constitucional recogido en el artículo 45 de la Carta Magna («Todos los ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente adecuado para garantizar su desarrollo...»). Asimismo, la norma tendrá una amplia repercusión, ya que afectará a unas 5.000 instalaciones industriales, más de un millón de explotaciones agrarias, 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas, las actividades de utilización y liberación de organismos genéticamente modificados y las balsas mineras. Los riegos nucleares o el transporte marítimo de mercancías peligrosas no se incluyen en este grupo al estar sometidos a convenios internacionales. Las oenegés, vigilantes La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconoció que la historia más reciente indica que nuestro ordenamiento jurídico «no ha conseguido en absoluto» dar satisfacción al mandato constitucional referido a la responsabilidad medioambiental, y que esta norma sí lo hace. La propia Narbona recordó que serán las comunidades autónomas las administraciones que harán cumplir esta ley, salvo cuando los daños se produzcan el dominio público estatal, e invitó a las oenegés a hacer una labor de vigilancia de aquellas actividades económicas susceptibles de dañar el medio ambiente. Tras la primera lectura realizada este viernes por el Consejo de Ministros, el siguiente paso de la futura ley será su presentación en el Consejo Económico y Social y luego irá al Consejo de Estado antes de remitirse al Parlamento. Cristina Narbona se congratuló del consenso alcanzado sobre el texto con todas las comunidades autónomas en la última conferencia intersectorial. Los ministros de Medio Ambiente de la UE tienen previsto aprobar el lunes una ley que mejorará la calidad del aire en los países de la UE al establecer límites máximos a la concentración en la atmósfera de toda gama de contaminantes. La propuesta de Directiva sobre la calidad del aire pretende reducir el número de muertes prematuras que se producen cada año en Europa como consecuencia de la contaminación atmosférica y que ascienden a 370.000. Con ese objetivo, fija topes a la presencia de, entre otros, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno, el benceno, el CO2 y las partículas pequeñas. Los Estados miembros deberán designar zonas en su territorio donde se llevarán a cabo evaluaciones de los niveles de esos contaminantes en el aire, con riesgo de sanción en caso de superación de los umbrales. La principal novedad es que por primera vez la normativa incluye un contaminante no contemplado antes: las partículas de menor tamaño (PM 2,5) muy perjudiciales para la salud, especialmente de las personas con problemas respiratorios. El texto deberá después recibir el visto bueno del Parlamento Europeo, lo que no será fácil dada la posición mucho más restrictiva de la Eurocámara, que hará necesario proseguir las negociaciones para un acuerdo definitivo, ya que el texto debe ser aprobado por codecisión entre ambas instituciones, explicaron fuentes diplomáticas. Residuos peligrosos Por otro lado, los ministros intentarán en la misma reunión adoptar unas conclusiones sobre el transporte transfronterizo de residuos peligrosos. El objetivo es evitar incidentes como el ocurrido en Costa de Marfil el pasado verano, donde el buque de bandera panameña Probo Koala descargó 400 toneladas de sustancias tóxicas, lo que causó la intoxicación de 50.000 personas. El documento fijará la posición común de la UE de cara a la próxima conferencia de las partes del Convenio de Basilea para el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. Otros asuntos en la agenda de los ministros serán la Directiva para la protección del entorno marino en la UE y el cambio climático. Sobre el segundo punto, aprobarán unas conclusiones que presentarán en la duodécima Conferencia de las Partes sobre cambio climático, que se celebrará el mes próximo en Nairobi. A la reunión del lunes asistirán la ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el consejero aragonés responsable en ese área, Alfredo Boné, que representará a las Comunidades Autónomas. España pedirá que se acelere la adopción de medidas frente a las especies invasoras como el mejillón tigre e informará de los incendios ocurridos el pasado verano en Galicia.