De la reforma del Estatuto

DIGAMOS LA VERDAD aunque nos perjudique, aunque los que se sienten marcados o señalados por el dedo acusador nos anoten en sus tremendos cuadernos en los cuales se registran no solamente los fastos gratos sino también, o sobre todo, aquellos que nos son especialmente desagradables. Hablar, escribir, dialogar sobre el Estatuto, sobre el cual deban regirse nuestras acciones y normas de conducta, debiera ser un asunto de obligado conocimiento para todos los ciudadanos, porque de ellos dependerá el futuro de la comunidad toda. Pero nosotros, los que andamos por las ramas de los asuntos que conciernen a la mejor estructuración y presentación de la ciudad, de la provincia o de la diócesis, carecemos de medios y de modos para conseguir una información veraz de cuanto acontece en la calle o en los pasillos de los distintos departamentos. A nuestro modestísimo entender pensamos que no estaría de más que en la hora del reparto de la información indispensable para conocer el tema argumental de un Estatuto, sea local (Ley de Bases), provincial o nacional, se tuviera en cuenta la existencia y la importancia que una buena y correcta información importa, para que los organismos directamente afectados proporcionaran, a quienes aspiran a una colaboración leal, ser debidamente dotados. Y esto no sucede; de tal forma que el vecino, el ciudadano, al cabo del ejercicio obtiene la convicción de que en lugar de intentar una cooperación eficiente, lo que se persigue es mantener en la ignorancia a quienes si llegaran a saber algo, resultarían incómodos. De lo cual se deduce que el que suscribe, -por ejemplo-, no sabe del Estatuto de la comunidad leonesa de la misa la media y que ya pueden los insignes representantes comprometidos políticamente en el mejor entendimiento y desarrollo de la vida pública, que el común de vecinos, los avisados investigadores mediáticos, se quedarán a media luz. Y el público, por tanto, el lector, el contribuyente, el elector, a la hora de analizar los discursos que se tramiten, lo ignoran todo, o sobre todo oscurezcan la línea más importante del texto que se transmite. Por alguno de estos escapes de información se nos permite saber que por alguna de las partes responsables se han presentado hasta ciento treinta y más enmiendas parciales al plan presentado por la suprema autoridad competente en estos casos. Y nadie sabe ni el contenido de tantísimas enmiendas propuestas ni, lo que es más importante, cuáles han sido o son o serán las respuestas que el ejecutivo oponga a las propuestas presentadas. Es posible, quiero saber que es seguro que ésta sea la causa, es posible, digo, que la ley establezca estas limitaciones, pero, sea así o no resulte argucia para evitar informaciones enojosas, la ley no es buena democráticamente para la más activa salud política de la comunidad. Porque si ésta no está suficiente y claramente informada de lo que piensan los gobernantes, lo lógico es que estos acaben porque el pueblo no tenga presente a los gobernantes silenciosos y opinen por su cuenta, aunque como es posible que sucede, sea en contra de los intereses de los señores estatutarios. «Los niños y los electores -decía Ramón J. Sender- antes de tener uso de razón, ya tienen razón». Que conste.