El Congreso remite al Senado la Ley de Igualdad con la abstención del PP

La Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres salvó la votación del Congreso, celebrada a última hora de la tarde de ayer, con 187 votos a favor, 123 abstenciones y ningún voto en contra. Visto por el Congreso, el texto que consagrará la paridad electoral y el permiso de paternidad de quince días seguirá ahora trámite en el Senado. Entre los Presupuestos Generales para el 2007 y la reforma del estatut de Baleares, el maratoniano último pleno del año dio luz verde a otra de las apuestas emblemáticas del Gobierno de Rodríguez Zapatero. La Ley de Igualdad venía del debate previo en comisión con un cómodo consenso forjado por los socialistas con todos los grupos minoritarios y una beligerancia matizada del PP que se tradujo en su abstención sin consecuencias. Los «populares» consideran el proyecto más propagandístico que efectivo, «elitista» y «muy corto» en sus propuestas. Para Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en cambio, la ocasión era «especialmente feliz» porque la ley será, cuando entre en vigor en primavera, «un avance sin precedentes para la igualdad de la mujer». Caldera identificó la desigualdad entre hombres y mujeres con un «tumor» social que, además de injusto, lastra el vuelo de cualquier sociedad democrática. Por eso -dijo-, la ley «pretende extirpar toda forma de discriminación, directa e indirecta, hacia las mujeres», y «generar los anticuerpos» necesarios en los ámbitos, político, económico, laboral, civil y cultural. También incidirá en el ámbito familiar, aseguró el ministro. El futuro permiso de paternidad de quince días -se alargará a un mes en el plazo de ocho años- permitirá a los hombres corresponsabilizarse de las cargas familiares y hará de España «uno de los países más avanzados del mundo», sólo superado por Finlandia, donde los padres disponen de 18 días de licencia. Realismo Entre las críticas del PP y el entusiasmo del Gobierno, los demás grupos de la Cámara pusieron el punto medio de mesura y realismo. La ley, convinieron, es un buen paso en la buena dirección, pero no asalta el reto de la conciliación laboral y familiar -horarios, jornadas flexibles, guarderías...-, y difícilmente será la revolución social que predica el Ejecutivo. «¡Ójala!», deseó la convergente Mercé Pigem. La norma pretende liquidar el déficit de presencia social y laboral de las féminas españolas y las discriminaciones que aún aquejan al 51 por ciento de la población. Establece la paridad de sexos en las listas electorales en todos los comicios, de modo que ningún sexo tenga menos del 40 por ciento de puestos con posibilidad de obtener representación. De momento quedan exentas las localidades de menos de 5.000 habitantes, pero en las municipales de 2011 se aplicará también a las de más de 3.000. La portavoz popular, Susana Camarero, insistió ayer en que este punto «vulnera» la Carta Magna. Cuando gobernó, el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional las leyes electorales igualitarias de varias comunidades autónomas, pendientes aún de sentencia. A través de la negociación colectiva todas las empresas deberán promocionar la igualdad de trato -acceso, salario y ascensos- entre hombres y mujeres; las de más de 250 trabajadores estarán obligadas a adoptar planes específicos en este sentido.