A partir de primeros de abril, las comunidades comenzarán a definir el grado de cada solicitud
La ley de dependientes beneficiará a200.000españoles, segúnCaldera
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El ministro de Trabajo, Caldera acompañado por la secretaria de Estado, la leonesa Amparo Valcarce
La Ley de Dependencia es una realidad 'de papel' desde su entrada en vigor, el uno de enero, pero necesitará al menos tres meses para que la ciudadanía empiece a sacarle jugo a la norma. Los primeros beneficiarios serán las casi 200.000 personas en situación de gran dependencia, aquéllas que necesitan ayuda constante, y podrán ejercitar su derecho a recibir atención por parte de las instituciones a partir del mes de abril. Aprobada en el último pleno parlamentario de 2006, la ley de Dependencia comienza ahora su andadura real. De momento sólo en los despachos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las consejerías autonómicas homólogas. El primer paso antes de llegar a los ciudadanos será su desarrollo reglamentario, la 'letra pequeña' que regirá el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), fijará quiénes son dependientes y en qué grado, a qué servicios tendrán derecho, cuánto deberán pagar por ellos, cuánto cobrarán los cuidadores familiares o en qué régimen de la Seguridad Social se deberán dar de alta, entre otros mil detalles de este complejo 'edificio' cuya construcción culminará en 2015. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, facilitó este martes un primer calendario de desarrollo y aplicación de la ley de Dependencia. El día 11 de enero se reunirá con los representantes de las CCAA para perfilar detalles técnicos y el 22 de este mes se constituirá el Consejo Territorial del SAAD, la sala de máquinas del Sistema de Dependencia, integrado por los gobiernos central y autonómicos - ideólogo de este nuevo derecho ciudadano el primero, y responsables de la atención social directa los segundos-, los ayuntamientos, y organizaciones solidarias como Cruz Roja o Cáritas. Una vez elaborados los reglamentos «antes de que acabe marzo», los primeros usuarios podrán acogerse a las ayudas públicas a la dependencia. «Esperamos que a partir del uno de abril las comunidades autónomas puedan empezar a evaluar a las personas en situación de dependencia>, dijo el ministro. Para no levantar «falsas expectativas» entre los ciudadanos, Caldera recalcó que este año sólo podrán recibir la ayuda precisada los grandes dependientes, en torno a 200.000 enfermos, discapacitados o ancianos que requieren ayuda varias veces al día para las necesidades más básicas o incluso la presencia constante de un cuidador. Los demás, en años sucesivos. Los servicios sociales de cada comunidad evaluarán a cada solicitante de forma individual y se le diseñará un programa de atención específico. La Ley de Dependencia establece cuatro tipos de prestaciones: un catálogo de servicios (teleasistencia, residencias, centros de día, asistentes domiciliarios, ayuda ocasional...); subvenciones económicas, sólo en caso de que la red pública o concertada de atención a la dependencia no cuente con los servicios que deba recibir el dependiente y éste deba procurárselos por su cuenta; sueldos para los cuidadores familiares que se den de alta en la Seguridad Social, en el régimen general o el que determine el Consejo Territorial; y ayudas para contratar asistentes personales que faciliten al beneficiario una vida más autónoma y activa. De entrada, dinero De entrada habrá más ayudas en dinero contante y sonante, pero a medida que se desarrolle la red de atención pública, se construyan más residencias, se instruyan cuidadores familiares o no -habrá programas específicos de formación-, o se establezcan conciertos con empresas privadas, primará la prestación directa