Diez millones de euros han dejado en la comunidad los programas Life Propuestas de Castilla y León

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado el balance de los programas Life llevados a cabo en Castilla y León, así como las perspectivas de futuro. La iniciativa Life fue creada en 1992 por la Comisión Europea para contribuir a la protección de los hábitats y la naturaleza sirviendo de apoyo a las Directivas Aves y Hábitats. Desde entonces, con sus fondos se ha subvencionado la realización de inventarios ecológicos básicos para el desarrollo de la Red Natura 2000, la aplicación de modelos de gestión y la protección y recuperación de espacios naturales y especies en peligro de extinción. El consejero, que estuvo acompañado por el director general de Medio Natural, Mariano Torre, y el jefe del servicio de Espacios Naturales, José Ángel Arranz, explicó que «Castilla y León es la comunidad que ha disfrutado de mayor número de concesiones, y la Consejería de Medio Ambiente ha gestionado 17 programas, por un importe total que supera los 10,8 millones de euros». Se han realizado proyectos de conservación y protección de especies (águila imperial, oso pardo, lince ibérico, águila perdicera, avutarda, cigüeña negra, cernícalo primilla) y, en cuanto a la recuperación de hábitats, la UE financió los destinados a la Cordillera Cantábrica, las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) de Villafáfila y las Riberas de Castronuño, Los Ancares leoneses, Los Arribes del Duero o las Hoces del Duratón. Posición privilegiada A finales del año 2005, la UE adoptó un nuevo marco para los programas Life, denominado Life+, actualmente en elaboración. Se trata de un instrumento destinado a subvencionar actuaciones medioambientales, que sustituye al actual Life, e introduce cambios importantes tanto en lo que se refiere a la asignación económica y criterios de distribución, como a los programas y mecanismos de funcionamiento. Según Fernández Carriedo, «se calcula que habrá una dotación económica para la UE de 21.000 millones de euros, y cambiará el procedimiento de adjudicación, de forma que ya no habrá una convocatoria europea a la que presentarse, sino que a cada Estado se le asignará una partida específica y los proyectos serán a nivel nacional». Se establecen tres bloques de financiación: naturaleza y biodiversidad, política de medio ambiente e información y comunicación. El primero costeará la conservación y protección de espacios naturales y especies. El destinado a política medioambiental está vinculado cubre las áreas de cambio climático, salud, medio ambiente y calidad de vida y residuos y recursos naturales. El tercer bloque incluye la financiación de las Ong y los aspectos relativos a incendios forestales en materia de campañas de divulgación y formación de personal. En opinión del consejero, Castilla y León parte de una posición privilegiada en lo que se refiere a la Red Natura 2000 ya que, mientras otros territorios están inmersos en procesos judiciales con el Tribunal de Luxemburgo por no haber incorporado todas las especies incluidas en el catálogo de la directiva Hábitat, nuestra Comunidad ha recibido la autorización de todo el territorio incluido en ella. «De esta forma, cuenta con 170 espacios incluidos en la Red Natura 2000, que abarcan 2,46 millones de hectáreas, es decir, el 26% del territorio, lo que representa el 6% del total de la UE superando la superficie de Bélgica, Holanda y Austria juntas». En concreto, hay 70 espacios que son ZEPA y ocupan 1.997.000 hectáreas (el 21,19% del total de la Comunidad), y 120 LIC (Lugares de Interés Comunitario), que abarcan 1.890.000 hectáreas (el 20,06%). Hay que recordar que alguno de estos territorios son a la vez ZEPA y LIC. Fernández Carriedo explicó que la posición de Castilla y León de cara al proceso de negociación que se va a desarrollar en la UE pasa por la creación de un fondo específico para la Red Natura 2000 porque, «si se trata de un patrimonio de todos los europeos, entre todos deben contribuir a su financiación». Se pide que los fondos Life+ se distribuyan de forma proporcional a la Red Natura de cada territorio. «Como la asignación se va a hacer por parte de los Estados, sería injusto que se tomaran como base variables diferentes a la de la biodiversidad, como la población o el PIB, tal y como defienden algunos estatutos de autonomía recientemente aprobados», afirmó. Recalcó que sería muy perjudicial para Castilla y León, porque supondría que el 20% de la biodiversidad española y el 20% de la superficie forestal de España sólo obtendría el 6% para inversiones en medio ambiente porque este es el porcentaje de población y del PIB de la Comunidad. Puso el ejemplo de la de Madrid que al tener el doble de habitantes que Castilla y León no sería justo que tuviese el doble de fondos para luchar contra los incendios forestales, habida cuenta que la superficie de nuestra Comunidad es diez veces superior. Carriedo explicó, finalmente, que se ha pedido el aumento de la aportación de fondos del FEADER, ya que parte de ellos deben dirigirse a actuaciones como repoblaciones forestales, tratamientos de prevención de incendios, ayudas a desbroces o proyectos de biodiversidad. «Por eso, si el Gobierno español no modifica la distribución de esos fondos, se daría la paradoja de que la Comunidad con más biodiversidad de España recibiría menos recursos que otras comunidades con menos patrimonio natural que atender», concluyó.