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El fin a un largo proceso judicial con estrecho marcaje mediático

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León

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El ingreso en la cárcel Sevilla II del bailador Juan Manuel Fernández Montoya Farruquito , por atropellar mortalmente a Benjamín Olalla en una calle de Sevilla, ha puesto fin a un recorrido judicial de tres años que se ha desarrollado bajo una intensa atención mediática. Farruquito atropelló y causó la muerte a Benjamín Olalla, de 35 años, en la calle Doctor Laffón Soto, de Sevilla, la noche del 30 de septiembre del 2003, cuando circulaba a mayor velocidad de la permitida y sin tener ni carné de conducir ni seguro en el coche. El bailaor no se detuvo a auxiliar a la víctima del atropello, que falleció y llevó el coche siniestrado, a un taller de Málaga para que allí lo repararan sin que lo relacionaran con los hechos ayudado por su amigo Óscar Benavente, también condenado y actualmente en prisión por su relación con la operación Malaya de corrupción urbanística en Marbella. Escuchas telefónicas El hermano menor del artista, Antonio, se confesó culpable del atropello ante la Policía Nacional y en presencia de Farruquito , en febrero del 2004, pero por esas mismas fechas unas escuchas telefónicas de la Policía indicaron que el bailaor había cometido el atropello. Por todos estos hechos, el juzgado número 8 de lo Penal de Sevilla impuso al bailaor en julio del 2005 una pena de 16 meses de cárcel, que fue elevada por la Audiencia de Sevilla en septiembre pasado a tres años de prisión. Además de los dos años de cárcel, la Audiencia impuso un año más de prisión por omisión del deber de socorro, ya que no se paró tras atropellar a su víctima, y no se cercioró de que estaba siendo «debidamente atendido». En cuanto a las pruebas que fueron obtenidas mediante escuchas telefónicas, la Audiencia de Sevilla decretó su nulidad y posteriormente el bailador se declaró autor del atropello, confesión que el tribunal consideró un atenuante. Las escuchas, inicialmente autorizadas por el juzgado número 8 de Málaga por un caso de tráfico de drogas, fueron después anuladas por carecer de fundamentación, lo que supuso la absolución por encubrimiento de los policías malagueños Bernardino R.M. y José Miguel A.H.. La Audiencia impuso además al bailador dos multas de 36.500 euros, una por la omisión del deber de socorro y otra por simulación de delito, y confirmó las indemnizaciones de 102.000 euros para la viuda y 16.000 euros para los padres del fallecido.

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