Nace el «cerebro» del Sistema de Dependencia pese a las trabas del PP

El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) dio ayer un nuevo paso y constituyó el que será su «cerebro» y sala de máquinas, el Consejo Territorial, encargado de definir en breve la letra pequeña de este nuevo derecho social, quién será considerado dependiente y en qué grado, a qué servicios tendrá derecho y qué parte de la factura le corresponderá pagar a cada usuario. Las comunidades autónomas tendrán holgada mayoría en este órgano rector, como establece la Ley de Dependencia. A partir del uno de abril los servicios sociales de cada territorio comenzarán a evaluar a los personas aquejadas de gran dependencia, unas 200.000 en toda España, reiteró el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Después de un tira y afloja protagonizado por las CC.AA. del PP, el Consejo Territorial dio un primer repaso al baremo que medirá la discapacidad. Aún tendrá que pasar por varios trámites consultivos antes de ser aprobado en las próximas semanas, a tiempo para estar operativo en abril. Según la propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, serán grandes dependientes, el mayor grado de la dependencia, quienes alcancen al menos 75 puntos de un total de cien. Significará que necesitan ayuda constante de otra persona para valerse en funciones como vestirse, asearse, comer y desplazarse. Lo que más «puntuará» serán las dificultades para alimentarse, seguidas de las necesidades fisiológicas -micción y defecación-, desplazamientos, vestirse, lavarse y otros cuidados corporales. Quienes alcancen la consideración de grandes dependientes serán los únicos que recibirán atención y cuidados en 2007; el resto de las discapacidades -«severas», entre 50 y 74 puntos, y «moderada», de 25 a 49 puntos- tendrán que esperar a la implantación progresiva del SAAD, de aquí al 2015. Habrá un baremo para las discapacidades físicas, otro para las intelectuales o mentales, y un tercero específico para los discapacitados de 0 a 3 años. Los representantes autonómicos del PP convirtieron ayer en un enredo absurdo lo que debiera hacer sido un mero trámite constitutivo, el primer paso para empezar a funcionar y hacer realidad una ley de Dependencia que aún es de papel. Llegaron con una consigna y, en bloque, se negaron a reconocer como formado el Consejo Territorial; todas ellas se inhibieron en las primeras votaciones, y a pesar de todo, no quisieron levantarse, «por educación», dijo la consejera valenciana de Asuntos Sociales, Alicia de Miguel. El motivo de la discordia era la composición del Consejo Territorial. Al final , todas las propuestas salieron adelante, sin el concurso del PP, pero con el aval del Gobierno y 10 CC.AA.. Rechazo de Castilla y León La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, rechazó ayer la composición y el reglamento del Consejo Territorial de Dependencia porque ha sido impuesto por el Ministerio de Trabajoy Asuntos Sociales y anunció que consultará a los servicios jurídicos para ver si procede la impugnación de su constitución. Valdeón cuantificó que en Castilla y León cerca de 80.000 personas tendrían que estar incluidas en la ley.