Patrimonio cederá inmuebles para la acogida de mujeres maltratadas Condenan a una multa a un sacerdote que admitió haber hecho tocamientos a un niño

Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el Gobierno se adelantó a la celebración de la efeméride con un nuevo paquete de medidas contra la violencia de género. Son un intento más de detener la hemorragia de mujeres muertas en lo que va de año a manos de sus parejas o ex parejas, 14, y el reconocimiento tácito de que los resultados de la aplicación de la ley integral dejan que desear. Mª Teresa Fernández de la Vega admitió las «dificultades» que afronta la lucha contra la «violencia machista». Harán falta decisión y «coraje cívico» para ganar esa batalla. «Tardaremos pero ganaremos, con la ayuda de los ciudadanos», aseguró la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros. Según lo aprobado este viernes, la Dirección General de Patrimonio pondrá inmuebles de titularidad estatal a disposición de las organizaciones de mujeres que trabajan en la protección y recuperación de mujeres maltratadas, para instalar en ellos casas de acogida. Además, se distribuirán en los próximos meses 20.000 nuevos teléfonos gratuitos de teleasistencia móvil no sólo para mujeres con orden judicial de protección, sino también para aquellas que, aun no teniéndola, estén en situación de especial riesgo. Se regulará por fin el Fondo de Garantía de Alimentos en los casos de separación -para adelantar la pensión de manutención por hijos hasta que el padre moroso pague-, aprobado en la Ley de Presupuestos. El Gobierno pondrá en marcha un mailing o buzoneo masivo con el fin de difundir los derechos y las prerrogativas sociales a que tienen derecho las víctimas de violencia en la pareja. «Hemos observado que son pocas las mujeres que se acogen a estas medidas, quizá por falta de información», destacó Fernández de la Vega. En el mismo sentido, se remitirá a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes material informativo sobre las medidas de protección, los derechos económicos, laborales y asistenciales de las víctimas de violencia de género. El sacerdote de 72 años denunciado por los padres de un adolescente admitió ante el Juzgado que abusó sexualmente de él, con lo que evitó llegar a juicio, y ha sido condenado a una multa de 14 meses con cuota diaria de 5 euros y a no acercarse al menor a menos de 200 metros durante dos años. Al admitir los hechos el acusado, C.E.E., se llegó a la conformidad entre las partes y el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Granada, ayer en funciones de guardia, dictó verbalmente la sentencia, informaron ayer fuentes judiciales. El Código Penal permite este tipo de resolución en los delitos cuya pena no excede los tres años de prisión, indicaron dichas fuentes. El sacerdote, que vive en La Zubia junto a una hermana, reconoció que conoció al menor, de catorce años, en el autobús en el que ambos se desplazaban desde Granada y que llegó a «restregarse contra él», realizó «algunos tocamientos» y quiso convencerlo «para llevarlo a un parque y seguir intimando», explica en su información el diario La Opinión de Granada . Tras la denuncia presentada por los padres del menor acosado, el clérigo fue detenido y puesto en libertad con cargos por la Guardia Civil, tras lo que el Arzobispado de Granada lo apartó provisionalmente de «todo ejercicio público del ministerio sacerdotal» y el Juzgado abrió diligencias previas para esclarecer los hechos, que el mismo ha reconocido.