Zapatero promete una revolución social con la nueva Ley de Igualdad

Hace un año y trece días el Gobierno presentó en sociedad su entonces proyecto para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. El Congreso cerró ayer el círculo y dio la bienvenida -todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo- a la nueva Ley de Igualdad. La norma impone la paridad en las listas electorales, empuja a empresas y trabajadores a negociar la igualdad de trato en el ámbito laboral, eleva a quince días el permiso de paternidad, mejora algunas prestaciones y se asoma apenas al verdadero reto de la conciliación familiar. Al término de la sesión hubo fotos ante los sufridos leones del Congreso, flores, besos y parabienes del Gobierno, encabezado por su presidente, y una nutrida representación de organizaciones de mujeres. El grupo socialista saludó las votaciones -192 votos a favor, 119 abstenciones- puesto en pie, y en la tribuna, como colofón al debate, José Luis Rodríguez Zapatero derrochó simbolismo para ensalzar la que es -dijo- la última de las grandes leyes sociales de la actual Legislatura. Encendido, el jefe del Ejecutivo dedicó la jornada a Clara Campoamor -abanderada del voto femenino hace 75 años- y la ley a «todas las mujeres que se quedaron en el camino, a todas aquellas a las que la historia quiso robarles sus sueños y a las que no saben todavía que esa libertad plasmada en el derecho de ser ciudadanos, también les pertenece». La Ley de Igualdad pretende «hacer justicia a las mujeres», recalcó Rodríguez Zapatero. Con ella el Gobierno promete una «revolución social», un «antes y un después», un nuevo amanecer en una sociedad «que quedará transformada para bien, radicalmente y para siempre». Una norma que el presidente equiparó a la Ley de Dependencia, aunque la Ley de Igualdad quede lejos del alcance social real de la que erigirá el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Retóricas aparte, la Ley de Igualdad aprobada hoy nace para combatir un hecho cierto, el déficit de presencia social, laboral e institucional de las españolas, el 51% de la población, y las discriminaciones que aún las aquejan. Consagra la paridad en las listas electorales para todos los comicios, de modo que ningún sexo podrá tener más del 60 o menos de 40% de representación, por el mecanismo de cremallera en tramos de cinco puestos. Por ahora quedan exentos los municipios de menos de 5.000 habitantes. «Feminismo de salón» Incide sobre todo en el ámbito laboral, donde las desigualdades son más sangrantes. También se adentra en la esfera del poder político -representación equilibrada en los nombramientos de Consejo de Ministros, en los tribunales de selección de empleo público y otros-, y con timidez, en la del poder económico. El grueso de la ley -con un presupuesto estimado de casi 500 millones de euros anuales- entrará en vigor de manera inmediata, probablemente el lunes, dijo Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en los pasillos. Para el PP, única voz discordante del beneplácito general, la Ley de Igualdad parte de un concepto «trasnochado» de la igualdad, acorde con el «feminismo de salón» del presidente Rodríguez Zapatero. La portavoz popular, Susana Camarero, se preguntó dónde están las medidas de conciliación real, en una que tachó de «elitista», «propagandística», y romper con el consenso tácito que regía sobre la Ley de Régimen Electoral, que deberá ser modificada.