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El texto prohíbe expresamente la clonación reproductiva y pasa ahora a debate en el Senado

El Congreso aprueba la clonación terapéutica con la oposición del PP

La ley convertirá a España en uno de los países más aperturistas en biomedicina y genética

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a. p. | madrid
León

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Sin apenas ruido y sin la caja de resonancia que supone el debate plenario en el Congreso, el proyecto de ley de Investigación Biomédica dio ayer un paso adelante decisivo. El texto, que abre la puerta a la llamada clonación terapéutica, fue aprobado con la única oposición del PP y pasa al Senado para completar su tramitación parlamentaria. A pesar de la relativa placidez de las discusiones el texto viaja a la Cámara Alta con un centenar largo de modificaciones incorporadas por vía de enmienda y con una contradicción en su seno, que podría incluso colisionar con el Código Penal. La presidenta de la Comisión de Sanidad, Margarita Uría (PNV), precisó que el artículo 33 de la Ley deberá votarse en el Senado como si se tratara de un proyecto legislativo aparte, o bien plantear una enmienda que le confiera carácter orgánico -cuya aprobación exigiría el apoyo de dos tercios del pleno-, y evitar así que choque contra el artículo 160 del Código Penal, que penaliza algunas prácticas de ingeniería genética. Se trata de prevenir que algún científico o médico tenga que vérselas con la justicia por el uso de técnicas ahora autorizadas, como la propia clonación o transferencia nuclear con fines terapéuticos. A falta del plácet del Senado, la ley de Investigación Biomédica convertirá a España en uno de los países más aperturistas del mundo en biomedicina y genética, junto al Reino Unido, Bélgica, Suecia, Japón, Australia, Israel, Corea o Singapur. Todos ellos autorizan la clonación con fines curativos y de investigación. La transferencia nuclear terapéutica consiste en extraer el núcleo de una célula adulta y transferirlo a un óvulo enucleado. El objetivo es reprogramar su crecimiento celular y tratar de orientarlo hacia la creación de órganos o tejidos que puedan ser reimplantados al donante para combatir determinadas enfermedades, o dentro de proyectos investigadores. Como paso previo, la Comisión de Garantías para la Utilización de Células y Tejidos Humanos, adscrita al Instituto de Salud Carlos III deberá emitir un informe favorable sobre cada proyecto concreto que evalúe su idoneidad, la solvencia del equipo médico-científico, el componente ético y el consentimiento del donante. Nuevas vías La ley abrirá nuevas vías de investigación biomédica al permitir cualquier técnica de obtención de células troncales humanas («madre»), aunque se prohíbe expresamente crear embriones sólo para investigar con ellos. Además de este límite, otro infranqueable es la clonación reproductiva. El proyecto regula también los análisis genéticos para la detección de posibles enfermedades hereditarias en algunos individuos, así como el almacenamiento, cesión y uso de muestras y tejidos biológicos, líneas celulares, muestras de cordón umbilical, etc..., y de los «biobancos» donde se conservará. Sean públicos o privados, estos establecimientos funcionarán sin ánimo de lucro y bajo el principio de gratuidad. Para el portavoz socialista, Alberto Fidalgo, se trata de una ley «útil para los ciudadanos», respetuosa con los principios éticos de la investigación biomédica. Frente a las imposiciones «morales» de algunos grupos, dijo en alusión al PP, el proyecto da carta de naturaleza legal y garantías a prácticas científicas que ya están en marcha en distintas comunidades autónomas, con gobiernos de diferentes colores políticos. No lo ve así Alberto Mingo, del PP. El diputado conservador denunció «carencias» y «errores conceptuales graves» en el texto, y tildó de «engaño, fraude, y mentira» la clonación terapéutica y sus supuestas bondades en el tratamiento de enfermedades.

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