Diario de León
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CARLOS G. REIGOSA
León

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HAY algo perverso en el denodado esfuerzo de Batasuna por estar presente en las próximas elecciones sin pasar por el aro de la ley (y en particular de la Ley de Partidos). Es sabido que sólo tenían que rechazar la violencia y desmarcarse del chantaje etarra para poder acudir a la cita con todos los pronunciamientos favorables. Pero también estaba claro, cuando menos desde agosto del año pasado, que no iba a ser así. Porque desde entonces Batasuna ha estado preparando sus planes A, B y C, ninguno de los cuales pasaba por cumplir la ley. El plan A consistía en presentarse con su propio nombre como Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), el B en sacar una sigla nueva que habilitase legalmente su participación -lo cual casa con la presencia de ANV-, y el C en crear plataformas locales a partir de las que ya se presentaron o fueron ilegalizadas en anteriores ocasiones. ¿Tiene esto algo que ver con lo que sería una voluntad firme y decidida de acogerse a la ley y comparecer en igualdad de condiciones con las demás fuerzas políticas? No, porque, si existiese esa voluntad en Batasuna, ¿a qué vendrían tantos planes A, B y C, tantos subterfugios y tantas ganas de confundir al personal? Llegados a este punto, y sumada la información que llega desde Francia respecto del rearme etarra y los comandos ya disponibles, caben pocas dudas sobre las intenciones batasunas. Por ello parece tan innecesario el esfuerzo de la Policía, la Abogacía del Estado y la Fiscalía General para analizar 19.242 perfiles de candidatos de 1.162 candidaturas sospechosas de continuar a Batasuna. Ante estos datos, ¿quién puede sostener que no hay una contaminación global, y que ANV no es otra cosa que el plan B de Batasuna? El presidente Zapatero aseguró en Pamplona que se aplicará la Ley de Partidos «en su letra y en su espíritu». Muchos españoles esperan que así sea. Desde hoy hasta el sábado, la Sala Especial del Tribunal Supremo será la encargada de decidir sobre esas listas. El futuro debe ser una campaña electoral sin candidatos batasunos. Las «leyes» de la ilegal Batasuna -que también las tiene aunque no merezcan ese nombre- no pueden imperar en un Estado democrático como el nuestro. Por el bien de todos.

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