Nadie está a salvo

Hay avances positivos como la Ley de Igualdad o la firma del protocolo contra la tortura pero en España sigue presentado situaciones que reflejan que «nadie está a salvo» en la defensa de sus Derechos Humanos en un entorno mundial de impunidad de las violaciones. Cristina Egido, responsable de Amnistía Internacional, realizó esta lectura en la presentación del informe mundial que, cada año, realiza la organización no gubernamental y que recoge datos de 153 países. La cultura del miedo, utilizada como arma para erosionar los derechos humanos, es la clave para entender este informe. Enarbolando esta bandera «tanto los gobiernos más poderosos como las dictaduras» actúan llevando a una situación de que «ningún derecho es ya intocable», recalcó Egido. En León, no obstante no hay ninguna denuncia recogida sobre violación de derechos humanos ni en la expulsión de inmigrantes, la negativa al asilo político o la tortura, los tres problemas que más preocupan a la organización en España. Tampoco aparecen menciones a Castilla y León salvo en el «retraso o la falta de diligencia en la protección de mujeres víctimas de violencia de género», apuntó la responsable de AI en León. En años anteriores, precisó, se ha constatado algún incidente de vulneración en las cárceles autonómicas. En los últimos años, se ha producido un avance importante en España en el respeto a las personas. La Ley de Igualdad (que reconoce el derecho a las mujeres a pedir asilo por discriminación por género), la Ley Integral contra la Violencia de Género o la grabación de los interrogatorios en las dependencias policiales figuran en el haber nacional de avances aunque con peros. No se han reconocido los derechos de las víctimas del franquismo o la Guerra Civil, se producen expulsiones de inmigrantes sin estudiar su petición de asilo y no hay igualdad de acceso a la red de apoyo en casos de violencia machista en todo el territorio nacional. Con todo, la situación que más preocupa a la organización es la situación en el País Vasco. «Amnistía Internacional no ve que haya agenda de Derechos Humanos. ETA no tiene voluntad de dejar de violar los derechos humanos y por parte del gobierno no se favorecen los avances. AI siempre ha denunciado la ley que permite la incomunicación durante 72 horas de los acusados de terrorismo porque favorece la tortura, el Gobierno no ha hecho todo lo posible para acercar a los presos a sus familias ni se ha eliminado la ambigüedad de la Ley de Partido en cuanto a la participación de formaciones políticas en los comicios», explicó Egido. «Tanto con proceso de paz vigente o sin él no puede reinar la impunidad» por ninguna de las parte, concretó sobre la situación en España. El balance no es tan positivo en el mundo. «Nadie está a salvo», recalcó Cristina Egido. Amparados en el miedo al terrorismo y en la seguridad nacional, los gobiernos justifican políticas que «desprecian y violan los Derechos Humanos», una situación que se repite desde Estados Unidos hasta África. «Ningún derecho es ya intocable», agregó. Se quiere legalizar la tortura, se produce una violación constante de la libertad de expresión, se justifican masacres de la población civil, existe impunidad de los autores y connivencia para perpetrar desapariciones o se desprecian los derechos de los refugiados e inmigrantes condenándolos a «condiciones de vida francamente inhumanas». En España, concreta el informe, fueron rechazadas el pasado año 2.165 peticiones de asilo de las 2.504 realizadas al tiempo en un tiempo en que llegaron a las costas del sur más de 32.000 migrantes indocumentados. La solución a esta escalada de represión e impunidad pasa, para Amnistía, por el «fortalecimiento de las instituciones internacionales» independientes de los gobiernos y la «movilización de la sociedad civil», la clave para la consecución de pequeñas cosas que permitan acabar con la espiral de miedo y violación de los derechos.