Más de 20.000 rapaces han sido envenenadas en los últimos 15 años Aunque ha habido avances el número de casos no se ha reducido en España

El 20 de abril, se encontraron en un coto de caza de Huelva siete buitres leonados, un buitre negro, dos lirones caretos, una lagartija colilarga, tres musarañas y dos meloncillos, muertos por los efectos del veneno. Se localizaron, además, 12 lazos y un cepo. El pasado mes de marzo, 42 ejemplares de buitre leonado aparecieron muertos por envenenamiento en Maderuelo (Segovia) y Santa Cruz de la Salceda (Burgos), a los que hubo que añadir otros 19 más y 1 alimoche, supuestamente intoxicados, que fueron devueltos a su entorno natural por personal de la Consejería de Medio Ambiente y del Seprona. Son los últimos casos conocidos del uso de cebos envenenados, que pone de manifiesto una práctica ilegal desde 1983 que aún se aplica en el campo. El veneno suele ser un fitosanitario con el que se impregnan trozos de carne o restos de placenta y, en ocasiones, es tan potente que el vómito de una de las víctimas puede matar a otro ejemplar si lo ingiere. En el informe de WWF/Adena «El veneno en España», se afirma que en los últimos quince años han muerto por esta causa más de 20.000 aves rapaces, lo que le convierten en el mayor amenaza para especies en peligro de extinción como águila imperial, alimoche, buitre negro, milano real o quebrantahuesos. Mínima muestra Según se indica en el citado estudio, en el periodo 1990-2003 se han recopilado más de tres mil casos de envenenamiento en los que se han recogido 7.261 ejemplares en toda España, estando encabezada la lista negra de Comunidades por Andalucía, con 1.070. Desde Adena se afirma se estos son los cadáveres localizados y que representan una mínima parte de los intoxicados, entre el 5 y el 15%, dependiendo de la especie. Aunque en los últimos 15 años se han encontrado 354 ejemplares de buitre negro, los cálculos apuntan a que esta cifra supone el 6% de la mortalidad real, que sería de 5.600 en una población actual de 1.500 parejas. Se han encontrado 144 alimoches, el 5% de la cifra real: más de 2.800. Lo mismo sucede con los 79 de águila imperial ibérica (se estiman más de 500 muertes), los 16 de quebrantahuesos (serían 130) o los 435 de milano real, cifra que se elevaría hasta 14.500. En Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha el Protocolo de Actuación, con fondos Life y la colaboración de grupos conservacionistas, y ha elaborado un mapa que recoge las zonas más afectadas por estos sucesos, en el que se recoge que, aunque el uso del veneno afecta a todas las provincias, las de Burgos, Segovia y Ávila son las más perjudicadas. La comunidad es, además, pionera en la aplicación de la ley que permite el cierre cautelar de los cotos en los casos de envenenamiento y, además, se trabaja en medidas de sensibilización y mejora de su capacidad de control y seguimiento de este problema. Para lograr más efectividad, la citada Consejería realiza acciones de divulgación y sensibilización entre los colectivos implicados. Además, los agentes forestales reciben cursillos para la aplicación del protocolo que se pone en marcha cuando se produce un envenenamiento. Se pretende que al encontrarse un animal con síntomas de haber sido envenenado puedan ser recogidas todas las pruebas para su traslado al ministerio fiscal e instruir el procedimiento sancionador correspondiente evitando la impunidad por una falta de forma. Para ello, cada comarca forestal dispone del material necesario para la toma de datos como cámara fotográfica, guantes, precintos, mascarillas, etcétera. Además, en los casos más graves, se contempla la inhabilitación para recibir subvenciones en aquellos acotados que hayan registrado casos de envenenamiento o la posibilidad de suspender cautelarmente el aprovechamiento cinegético para garantizar el restablecimiento de la fauna. Aunque han pasado tres años desde la puesta en marcha de la «Estrategia Nacional contra los Cebos Envenenados en el Medio Natural», y a pesar de que ha habido avances, desde Adena preocupa que el número de casos no se haya reducido en España en los últimos años, por lo que piden una vigilancia especializada y más sanciones, tanto penales como administrativas, que eviten la impunidad de los infractores. Insisten en que «es imprescindible poner en marcha planes y estrategias regionales contra el veneno para erradicar esta práctica ilegal para evitar que fracasen los esfuerzos para conservar la biodiversidad en España». La estrategia contempla minimizar los daños ocasionados por la fauna salvaje, agilizar y mejorar el pago de indemnizaciones y reducir la disponibilidad de sustancias tóxicas mejorando el control de la comercialización, distribución y uso de productos fitosanitarios. Su puesta entrada en vigor ha supuesto, además, un aumento de la vigilancia, compartir la información entre administraciones, agentes de la autoridad y el sector privado, y mayor cooperación con los órganos de la justicia para que los casos denunciados sean investigados y juzgados. En España, el veneno sigue ligado a la gestión de la caza menor y en teoría se utiliza contra zorros y otros carnívoros a los que se consideran competidores por las mismas presas. Pero, lejos de ser un método de control de predadores, su uso es una fórmula de eliminación indiscriminada y masiva de fauna. Las aves rapaces son las principales víctimas de esta práctica y, en segundo lugar, los mamíferos domésticos, en su mayoría, perros.