La Conferencia Episcopal rechaza la competencia estatal en la moral
El portavoz de la Conferencia Episcopal, Antonio Martínez Camino, acusó al Ministerio de Educación de proponerse imponer con la asignatura alternativa a la Religión el «relativismo moral y la ideología de género», lo que exige responder con «nitidez y compromiso». «El relativismo es una escuela inaceptable, un opción moral inmoral, y es la que quiere imponer el Estado, que no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral», denunció el portavoz de los obispos españoles. Aseguran los obispos que con la nueva ley los centros católicos «se verían obligados a introducir una asignatura que no es coherente con su ideario, dado que, según el actual currículo, no es conforme a la doctrina social de la Iglesia». Una circunstancia que llevaría además a los centros a «a perder su obligada neutralidad ideológica» Contra el Concordato «Cuando está en cuestión un derecho tan fundamental como el de la libertad de conciencia y de enseñanza, todos, y los católicos, en particular, debemos mostrarnos unidos en su defensa», concluye el documento de los obispos. También se pronuncio el Episcopado sobre el real decreto de 9 de junio del 2007 que regula la relación laboral de los profesores de Religión y que, aseguraron, incumple el Acuerdo sobre Enseñanza entre el Estado español y la Santa Sede. Martínez Camino anticipó a este respecto que el colectivo de los obispos no excluye ejercer «las acciones legales oportunas» para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente. Cree la Conferencia Episcopal que esta norma «asimila la situación laboral en las escuelas estatales a las formas contractuales generales reguladas por el Estatuto de lo Trabajadores, sin reconocer satisfactoriamente el carácter específico del trabajo de los profesores». «Podremos seguir actuando según los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, que no ceden ante un real decreto ni ante una ley ordinaria», afirmó Martínez Camino. Y lamentó que el decreto no reconozca de «manera suficiente» la autoridad de la Iglesia para garantizar al idoneidad de los profesores. Una idoneidad, recordó, que «concede el obispo y que no da en abstracto ni de modo genérico, sino de acuerdo a circunstancias muy concretas».