¿Nos hemos convertido los ciudadanos en meros clientes?

¿Cuánto tiempo hace que recibió a su nombre y en el buzón de su domicilio la última carta de una entidad bancaria o de un concesionario de automóviles en la que le detallan las enormes ventajas de sus productos o servicios con un encabezamiento como: «Estimado Sr. Tal», o aún peor: «Querido amigo»? ¿Cuántas cartas recibe así al cabo del año? ¿Cuántas llamadas telefónicas recibe a su nombre ofreciéndole productos o servicios que usted no había solicitado? ¿Qué sensación le producen? ¿Qué imagina que hay detrás? ¿Le preocupa? ¿Le asusta? ¿Considera que su libertad se encuentra en cierto grado comprometida? Hoy resulta demasiado frecuente que casi cualquier ciudadano de una urbe industrial reciba en su buzón un montón de cartas de diferentes empresas ofreciéndole de manera personalizada sus productos y servicios. Bancos, colegios, inmobiliarias, tiendas de muebles o grandes superficies utilizan la comodidad del correo para «introducirse» en el domicilio del consumidor y posible cliente. Pero si puede preocupar el hecho de ignorar qué tipo de datos personales son conocidos por las empresas, no deja de resultar menos importante el motivo por el que envían determinado tipo de publicidad. Proteger al consumidor Hasta hace poco, estos sucesos constituían poco más que una anécdota porque sucedían de manera esporádica, pero últimamente comienzan a ser demasiado numerosos. El ciudadano se ha acostumbrado a abrir el buzón y a sacar un montón de anuncios y folletos publicitarios que suele arrojar lo antes posible a la papelera guardando, eso sí, todas las cartas que vienen a su nombre. Las empresas lo saben y procuran infiltrar sus mensajes de esta manera para lograr superar esa barrera y que suban hasta su domicilio. ¿Qué sucede después? Pues que una vez abiertas las cartas personalizadas y apenas leídas acaban en el cesto de los papeles. Ahora bien, ¿todas? Las empresas saben que con que sólo una pequeña parte de las misivas sea atendida habrán logrado su objetivo, algo que no habrían conseguido de no utilizar este método. Algo ha tenido que suceder cuando los ciudadanos tienen que verse obligados a defender su intimidad desde las instituciones del Estado en una sociedad que se propugna como abierta y de libre mercado. Aparentemente y de forma básica surgen dos factores en el origen de esta situación: el auge de la competencia empresarial con el correspondiente riesgo de pérdida de beneficios y la búsqueda de reducción de costes en captar y mantener clientes. La fiscalización y utilización estratégica de datos confidenciales para lograr la venta puede suponer un atentado contra la libertad de los consumidores, ya que el sistema, con el pretexto de su inevitabilidad tiende a adueñarse no sólo de los datos confidenciales de los ciudadanos sino de sus preferencias de consumo y del conocimiento de sus gustos. Una vez más surge la idea de que el ser humano deja de ser un sujeto para convertirle en un objeto fácil de manipular por alguien que piensa que «el hombre es sólo un mercado para el hombre», y esto seguirá sucediendo mientras proteja más una tarjeta Visa que la Declaración Universal de los Derechos humanos. No deja de resultar curioso que nuestros datos personales sean objeto de compraventa por parte de las empresas. Pero deberían ser considerados como lo que son en realidad, una propiedad privada que cruzados con otros datos obtenidos de manera estadística o sociológica e interpretados de manera conveniente pueden reflejar bastante de nosotros mismos. Y ante estas injerencias contra la libertad personal, ante la confrontación entre derechos del ciudadano y derechos empresariales, entre la libertad de los ciudadanos y la libertad de los empresarios, muchos solicitan la intervención mediadora del Estado como árbitro para poder recuperar parcelas de libertad. En suma, si el consumo es un acto libre, si el ciudadano es libre, no debe haber ninguna necesidad de que el Estado intervenga para regular ciertas prácticas como las descritas. Pero si el comercio es un acto influenciado, determinado con premeditación, donde el consumidor resulta claramente influenciable e inclinado hacia un comportamiento previsto por un proveedor que sabe más de él de lo que se imagina, debe haber alguna entidad estatal que proteja sus derechos. No está todo permitido «De ciudadanos a clientes» es el título del libro de Miguel Ángel Carretero, profesor de la Facultad de Educación, editado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, a lo largo de cuyas páginas se analizan y desgranan algunas de las estrategias del mercado, tratando de demostrar que el ciudadano (aunque no lo crea o no quiera creerlo) está mediatizado, influenciado, inclinado, sin darse cuenta, por un sistema comercial que trata por todos los medios de reducir el riesgo del libre mercado, paradigma fundamental de una sociedad abierta, democrática, indeterminada, por definir, como es, en esencia el ser humano. Frente al miedo a la libertad, la solución empieza siempre por ser consciente de ese miedo. En la obra se analiza la necesidad que tienen las empresas de conocer el mercado al que se dirigen y se trata de responder a la pregunta: ¿qué sabe realmente el proveedor de sus posibles clientes? En un tiempo de gran competencia por conseguir convencer al cliente de la bondad de sus productos, las empresas deben enfocar sus estrategias de captación desde procedimientos racionalistas y muchas veces agresivos. ¿Se justifican determinados comportamientos para conseguir un fin particular? El intercambio constituye una actividad vital para el ser humano. Pero la idea del «todo está permitido» suele desembocar en situaciones insostenibles, en que la vida resulta molesta, insegura, peligrosa y a la larga imposible. El fin, la venta de un producto en el mercado no justifica la utilización de cualquier medio para lograrlo. ¿Nos habremos convertido los ciudadanos en meros clientes?