La Iglesia italiana, dividida por presunto fraude fiscal

El mundo político italiano acogió ayer dividido la decisión de la Comisión Europea de pedir información al Gobierno de Roma sobre las ventajas fiscales en materia inmobiliaria que tiene la Iglesia católica en el país. El Ejecutivo comunitario sospecha que esas ventajas podrían vulnerar las reglas sobre las ayudas de Estado, e inmediatamente los políticos se han dividido entre los que consideran normal el paso de Bruselas y los que ven una campaña contra la Iglesia. El subsecretario de Economía, Paolo Cento, de los Verdes, consideró que la acción de Bruselas «confirma la necesidad» de que Estado y Vaticano busquen «una solución compartida y equilibrada», que salvaguarde «la función social» de la Iglesia. Aseguró que «evocar este tema no significa hacer anticlericalismo», sino afrontar una cuestión «importante, como es la necesidad de armonizar las reglas fiscales también para los institutos religiosos». La Comisión Europea se interesa por unas exenciones sobre la fiscalidad de propiedad inmobiliaria y el impuesto de sociedades para beneficios derivados de propiedades inmobiliarias. «Si yo fuese la Iglesia excomulgaría a la Unión Europea a quien la apoya entre nosotros en Italia», fue la tajante opinión del representante de la federalista Liga Norte Roberto Calderoli, para quien querer «imponer impuestos a quien se ocupa de cosas espirituales y caridad es realmente de excomunión». La derechista Alianza Nacional calificó de «increíble, la ofensiva, hasta en el plano fiscal, que el Gobierno mueve contra la Iglesia» y advirtió a la Unión Europea de que «evite graves interferencias que no serían tolerables, y se preocupe más de la ofensiva del terrorismo». El principal partido de la oposición, Forza Italia, consideró «oportuno» que el primer ministro, Romano Prodi, «tome distancia de los anticlericales que se agitan en su coalición (de centroizquierda)».