Rechazado un recurso contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía

El abogado del Estado y la Fiscalía andaluza se opusieron ayer a la tramitación del recurso contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía como una vulneración de derechos fundamentales, para lo que el fiscal apeló a su papel como garante del derecho supremo de los menores. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, debatió ayer sobre la tramitación por vía de derechos fundamentales del recurso contra la asignatura que han presentado, en nombre de otros tres padres, los abogados sevillanos Carlos y Manuel Seco Gordillo, este último diputado nacional del PP durante dos legislaturas. Tanto el letrado de la Junta como el abogado del Estado y el fiscal se pronunciaron contra la admisión del recurso por la vía de vulneración de derechos fundamentales, lo que permitiría tener una resolución en apenas un mes, frente a los tres años de un recurso contencioso ordinario. Argumentaron que la asignatura y su obligatoriedad no vulneran derechos fundamentales, no contienen «ninguna referencia a ideología de género» y además los padres han recurrido dos decretos de la Junta que no son propios, sino desarrollo de una legislación estatal, según explicó el representante del Ministerio Fiscal, José Manuel Rueda. Vulneración parcial Por su parte, Carlos Seco insistió ante los periodistas en que no recurren «la totalidad de la asignatura, sino solo los aspectos que vulneran el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa de nuestros hijos», ya que «hay muchos otros contenidos a los que no nos oponemos». A su juicio, «determinados contenidos de Educación para la Ciudadanía colisionan con los derechos fundamentales porque los alumnos tienen que cursarla con carácter obligatorio». Seco denunció la «clara situación de indefensión de los padres recurrentes» pues tanto el letrado de la Junta como el abogado del Estado argumentaron que los padresno pueden recurrir unos decretos de ámbito nacional, pero a la vez la nueva asignatura «es una norma de derecho estatal que requiere para su aplicación la acción de la administración autonómica».