La amenaza de las movilizaciones tensa el encuentro sobre el Plan del Carbón

La amenaza de las movilizaciones del sector de la minería del carbón tensó durante todo el día de ayer las reuniones celebradas en Madrid para intentar desbloquear la aplicación del Plan del Carbón, que no se está cumpliendo ni en los aspectos sociales (fundamentalmente recolocaciones y prejubilaciones) ni en lo que se refiere al pago a las ayudas al funcionamiento de las empresas y los criterios a aplicar para determinar el cumplimiento de los objetivos. A última hora de la noche de ayer seguía el encuentro entre las centrales sindicales y los representantes del Ministerio de Industria (la reunión estuvo presidida por el gerente del Instituto para la Reestructuración del Carbón, Carlos Fernández, y no acudió el secretario general de Energía, Ignasi Nieto); mientras que la patronal del sector, Carbunión, abandonó a media tarde las negociaciones. Sí asistieron los empresarios a la Subcomisión de Adaptación Laboral, que se inició a las 11.00 horas y concluyó pasadas las 16.00 horas. Un primer encuentro que ya estuvo marcado por las diferencias entre sindicatos y empresarios, hasta el punto de que varios representantes sindicales abandonaron la sala de reuniones en diversas ocasiones. Buena parte de la discusión se centró en determinar si las empresas están obligadas a tramitar las prejubilaciones de los trabajadores que puedan acogerse a las medidas establecidas en el Plan del Carbón. Mientras sindicatos y ministerio defendieron que es obligación de las empresas mineras aplicar esta medida, hasta el punto de plantear que las que no accedan a este trámite no cobrarán las ayudas comprometidas; el asesor jurídico de Carbunión mantuvo que esa amenaza no se ajusta a la legalidad, según la jurisprudencia, y que es prerrogativa de la empresa minera y no de los trabajadores iniciar los trámites. A parte de exigir el cumplimiento de las prejubilaciones, paralizado por las empresas del grupo Alonso desde hace tres meses, los representantes sindicales exigieron que las sociedades que han decidido no abonar las nóminas del último mes para presionar al Gobierno por el retraso en la tramitación de las ayudas no utilicen a los trabajadores como arma. Los representantes sindicales han advertido que Industria debe cumplir sus obligaciones, y librar cuanto antes las ayudas; pero también hacer cumplir la legalidad, y no permitir a las empresas estas actitudes. La amenaza de las movilizaciones está ahí.