El Estado indemnizará un requisamiento

El Estado tendrá que indemnizar con más de un millón de euros al hijo de un ciudadano al que confiscaron alhajas hace 71 años en virtud de un decreto de la II República para hacer frente a los gastos de la Guerra Civil y que fueron depositadas en el Banco de España. Así lo acuerda la sala de lo civil del Tribunal Supremo (TS) en una sentencia en la que desestima el recurso que interpuso el abogado del Estado contra un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2000 fijó tal cantidad. En 1937 el Gobierno republicano dictó un decreto por el que obligaba a todos los ciudadanos a que entregasen las piedras y metales preciosos, perlas, alhajas y joyas que tuviesen en su poder, como tributación obligada al Estado. Según el decreto, los que se negasen a entregar estos objetos de valor podían ser acusados de un delito de contrabando, además de incurrir en responsabilidades políticas por desobediencia al Gobierno. En cumplimiento del decreto, el 8 de septiembre de 1937 Alejandro G. efectuó veinte depósitos de alhajas ­-ejercía profesionalmente como joyero- en las oficinas centrales del Banco de España y recibió los correspondientes recibos firmados. El hijo solicitó por escrito en diciembre de 1984 la devolución de las joyas, y el Banco de España le comunicó que no le iba a devolver nada, por lo que decidió llevar este asunto a los Tribunales. La Audiencia de Madrid absolvió al Banco de España y a la Administración en 1991, lo que fue recurrido por el denunciante ante el TS, que en 1994 decretó la responsabilidad del Estado por la no devolución de los efectos. «Se trata de beneficios acumulados que no ingresó el actor, por lo que no pudo disfrutar el valor de su venta», concluye el auto.