Según han explicado fuentes de la Audiencia Nacional, los magistrados han estado deliberando hasta el último momento y, tras firmar la resolución, se lo han comunicado al presidente de la Audiencia, Carlos Dívar.
De los acusados que se encuentran en libertad, el primero que ha llegado esta mañana -a las nueve y media- a las instalaciones de la Casa de Campo ha sido Raúl González El rulo, de la trama asturiana.
Treinta y cinco minutos antes hizo su llegada el primero de los furgones de la Guardia Civil que trasladan a los acusados que están presos. En la Casa de Campo hay fuertes medidas de seguridad, con una gran presencia policial y un helicóptero que sobrevuela la zona.
La presidenta de la asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, ha protagonizado un altercado con el comisario de la Audiencia Nacional, que se ocupa de la seguridad por haber dado más pases para entrar en la sala de vistas a las víctimas de las otras dos asociaciones que a la suya. Presa de un gran nerviosismo y enfado, Manjón, tras recordar que su asociación es la que aglutina un mayor número de víctimas del 11-M, increpó al comisario diciéndole: «todas las víctimas para abajo. Los peones negros y los conspiradores, a la sala».
Aunque la presidenta de 11-M Afectados por el Terrorismo era una de las tres personas de su asociación que, según ella, contaba con el pase especial para entrar en la sala de vistas en la que el tribunal leerá el fallo, ha decidido acompañar al resto de sus compañeros en la sala de víctimas.
El tribunal del 11-M ha rechazado en su sentencia que ETA estuviera detrás de los atentados en los trenes, tal y como sostenía la defensa de los acusados Jamal Zougam y Basel Ghalyoun, que ejerce el abogado José Luis Abascal. Ninguna de las pruebas solicitadas por ese abogado «avala la tesis alternativa» de ETA, según ha afirmado el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, durante la lectura del resumen de la sentencia.
En presencia de los terroristas que se encontraban dentro de la pecera de cristal y charlaban distendidamente entre risas, el tribunal que juzgó los atentados del 11-M dice que no hay duda de la autenticidad de la mochila de Vallecas, cuya desactivación fue clave para la investigación de los atentados, ni de su procedencia, la estación de El Pozo. Consideran que no se rompió la cadena de custodia ya que los agentes que recogieron todos los efectos en la estación de El Pozo no los perdieron de vista desde que los llevaron al pabellón de IFEMA y luego a la Comisaría de Puente de Vallecas.
El asturiano Antonio Toro, durante la lectura de la sentencia.
No obstante, el Tribunal leía a los pocos minutos que los acusados Antonio Toro, Carmen Toro, Emilio Llano, Mohamed e Ibrahim Moussaten, Javier González Díaz e Iván Granados y Rabei Osman El Sayed, Mohamed El Egipcio, quedaban absueltos.
El Tribunal añadía que condenaba a más de 40.000 años de prisión a Jamal Zougam y Otman El Gnaoui como autores materiales.
Zougam y El Gnaoui han sido considerados culpables de 191 asesinatos y dos abortos, de 1.856 asesinatos en grado de tentativa y de cuatro delitos de estragos terroristas, mientras que el español José Emilio Suárez Trashorras, a quien también se condena por los hechos de Leganés, ha recibido una pena algo inferior, de casi 35.000 años al aplicársele la atenuante de anomalía psíquica.
El tribunal del 11-M ha fijado también indemnizaciones de entre 30.000 euros y un millón y medio de euros para las víctimas directas e indirectas de los atentados, aunque por el momento no ha hecho mención acerca de las que percibirán los familiares de los 191 fallecidos en la masacre. Según ha explicado el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, se ha establecido una clasificación en doce grupos, de menor a mayor gravedad, y se ha fijado una cuantía para cada uno de ellos, con un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 1,5 millones -esta cantidad es para siete personas calificadas como grandes lesionados-.
Además de los doce grupos, el tribunal ha hecho una excepción con el caso de Laura Vega, una joven de 29 años que está en estado vegetativo permanente tras alcanzarle la explosión de Atocha, para la que fija una indemnización de un millón de euros y un depósito de 250.000 euros para su tratamiento.
