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Publicado por
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
León

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PROCLAMAR que «la inmigración destruye el futuro» es una mamarrachada, pero no puede ser considerado ilegal en democracia. De igual modo, manifestarse para reivindicar a José Antonio Primo de Rivera resulta estas alturas tan atrabiliario como salir a la calle a defender a Hernán Cortés, pero eso no convierte una marcha en favor del fundador de la Falange en un acto que, sin más, deba ser prohibido. Cosa bien distinta es que aprovechando la ocasión -o utilizando la coartada- de convocar un acto contra la inmigración o en pro del falangismo grupos xenófobos o fascistas pretenden provocar situaciones de violencia. La ley orgánica reguladora del derecho de reunión es a ese respecto terminante: si la autoridad gubernativa «considerase que existen razones fundadas de que pueden producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes» podrá proceder a la prohibición de la reunión. Prohibición que, como es obvio, queda sujeta al ulterior control de los tribunales. Tal es el régimen aplicable a las manifestaciones en España y así debe ser en un Estado democrático. En un Estado democrático deben poder defenderse todas las ideas -también las que nos parecen estúpidas o inicuas- salvo las que promueven o amparan la violencia, la persecución, la exclusión o la eliminación de individuos o de grupos de personas. Esa es la razón por la que fue ilegalizada Batasuna y esa es la razón por la que a algunos nos ha parecido siempre un escándalo que sujetos que defienden que es legítimo asesinar, secuestrar o extorsionar para obtener la independencia de una parte del territorio nacional se hayan movido durante años tan tranquilos, desafiando la decencia más elemental. De hecho, resulta bastante escandaloso ver ahora clamar en contra de los grupos de energúmenos que pretenden manifestarse para rechazar la entrada en España de extranjeros a algunos de los mismos que no han dicho una palabra contra que se manifestase Batasuna o, incluso más, a algunos de los que han reclamado su derecho a salir a la calle y a existir dentro de la ley como un indiscutible derecho democrático. Es esa una particular ley del embudo: la que parte de que es mejor o menos peligroso un fascista que se proclama de izquierdas que uno que se proclama de derechas.