La policía mantiene abierto el caso de las clínicas abortistas catalanas

La Fiscalía de Cataluña ha subrayado que la operación policial contra varias clínicas de la parte alta de Barcelona que practican abortos se fundamenta en indicios de casos «radical, rotunda e indiscutiblemente ilegales», de los que existirían además pruebas contundentes. La operación, que se saldó ayer con la entrada y registro por parte de la Guardia Civil y la Guardia Urbana en cuatro clínicas y la detención de seis personas, continúa abierta a la espera de ver si el análisis de la documentación intervenida aporta datos que puedan provocar nuevos arrestos. Entre los detenidos de ayer se encuentran los máximos responsables de las clínicas Ginemedex y TBC, situadas en la calle Dalmases; de Emece, en la calle Anglí, y de la Fundación Morín, en la Vía Augusta, el administrador principal de todas ellas y también el doctor Carlos Morín. Un portavoz de la Fiscalía ha asegurado a Efe que la operación, dirigida por la propia Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, no pretende «entrar en ningún debate ideológico», pese a que la investigación judicial se abrió en parte a raíz de la querella interpuesta hace algo más de un año por una organización cristiana, e-cristians. «Nosotros no cuestionamos la ley del aborto ni discutimos el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo; lo que se plantea es la existencia de hechos claros que apuntan a supuestos que están radicalmente fuera de la ley», ha señalado. Fuentes próximas a la investigación han indicado que, además de la querella de e-cristians, que recogía a su vez los casos denunciados por un reportaje de la televisión danesa y otro trabajo periodístico del británico Daily Telegraph, la causa abierta contra el grupo de clínicas dirigidas por Carlos Morín se nutre de otras denuncias, que el Juzgado número 33 ha acumulado. Al parecer, la juez ha tenido también en cuenta el testimonio de un ex empleado de Morín que se habría decidido a explicar con detalle las prácticas abortistas de las clínicas. Además de las personas detenidas, entre las que se encuentran profesionales de la sanidad que realizaban las intervenciones, la Fiscalía ha asegurado que «no se puede excluir» que se pueda imputar, en una segunda fase de la investigación, a las mujeres que se sometieron a abortos presuntamente ilegales. Pese a ello, ha subrayado que la operación no va dirigida contra estas mujeres, ya que «lo que es mucho más grave es la conducta de un médico que reiteradamente se dedica a interrumpir embarazos a cambio de dinero». El Código Penal contempla que el aborto fuera de los casos permitidos (riesgo para la salud física o psíquica de la madre, malformaciones graves o embarazo por violación) será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios en clínicas y consultorios ginecológicos durante un tiempo de uno a seis años.