Rondando la Constitución

HA SIDO LA ÚLTIMA CELEBRACIÓN del día de la Constitución en esta legislatura. El clima para una reforma constitucional parece más favorable que hace cuatro años. El asunto de mayor calado es el que afecta al Estado de las autonomías, que descansa en el artículo 2º, con su referencia a nacionalidades y regiones, y el titulo VIII sobre organización territorial del Estado, en cuya elaboración participé muy activamente. El modelo constituyente descansó en el principio dispositivo. No se imponía desde el principio una generalización. Se pretendió que el marco constitucional ofreciese un acomodo razonable a todas las opciones, con una especial preocupación por quienes defendían más vigorosamente hechos diferenciales. Ha permitido a partidos nacionalistas gobernar en solitario o en coalición las respectivas comunidades autónomas. No les ha ido tan mal con la Constitución. El Gobierno, en una consulta al Consejo de Estado sobre una posible reforma, señalaba como objetivo «superar la apertura inicial del modelo de descentralización política». El cierre del modelo es una repetida afirmación a la que corresponde la generalización de las autonomías y la homogeneización de las competencias llevadas a cabo por pactos de los dos grandes partidos, desde el primero de 1981 entre el gobierno de Calvo Sotelo y el PSOE Por razones puramente técnicas es defendible que se retiren de la Constitución preceptos relativos al ejercicio del derecho a la autonomía, que ya se ha ejercido. Desaparecerían varias disposiciones transitorias, entre ellas, la segunda, con un tratamiento singularizado para País Vasco, Cataluña y Galicia que tuve el honor de presentar y defender. No tiene sentido ya, se dirá, diferenciar dos modos de llegar al pleno autogobierno previsto en la Constitución cuando todas las comunidades autónomas se encuentran, de salida, en la misma posición. Y sin embargo, no será fácil justificar que se suprima la obligación de someter a referéndum del respectivo pueblo la reforma del Estatuto, que tiene fundamento en la transitoria segunda. Por mucho que se cierre el proceso autonómico, para lo que han de coincidir PSOE y PP, habría de mantenerse la apertura para transferir facultades sobre materias de titularidad estatal, al menos en la interpretación auténtica constituyente, en la que intervine. Para evitar la disolución de las Cortes habrá de mantenerse la distinción entre nacionalidades y regiones, aunque no sea operativa. Con ese horizonte no parece que los nacionalistas puedan esperar demasiado de una reforma constitucional. Presenta serias dificultades de orden político. Dependerá, en buena medida, del resultado de las próximas elecciones generales. De cómo podrá articularse la mayoría necesaria. Quedan cabos sueltos, como el reprobable retraso del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. No parece, en todo caso, dada la experiencia vivida en esta legislatura, que sea predictible alcanzar un consenso tan amplio como en 1978.