Diario de León
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ANTONIO CASADO
León

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GRACIAS a José Blanco, número dos del PSOE, muchos españoles, y sobre todo muchos votantes tibios de la izquierda, han entrado en un debate de particular motivación para ellos siguiendo el ruido de las sotanas y las ocurrencias verbales del tridente cardenalicio español (Rouco, Cañizares y García Gasco). No sólo Blanco. El ministro Fernández Bermejo, el portavoz López Garrido, el presidente Zapatero, y hasta Juan Luis Cebrián se han sumado a la reyerta de la jerarquía católica española con el Gobierno de la Nación. Una mirada severa hablaría de conflicto entre la Iglesia y el Estado, pero de momento la polémica no pasa de ser algo mucho más barato. Dejémoslo, pues, en reyerta pre-electoral entre socialistas y obispos. Los primeros, con la mirada puesta en las elecciones generales del 9 de marzo. Los segundos, pendientes de su propio proceso electoral, que es previo, pues están convocados para renovar la dirección del Episcopado el 4 de marzo. Ese caldo de cultivo aporta las claves para descifrar esta controversia, que tiene mucho de artificial. El derecho a opinar, recostado en la libertad de expresión constitucionalmente reconocida a todos los ciudadanos, incluidos los clérigos, por supuesto, habilita a los obispos para anunciar el final de la democracia o la quiebra de los derechos humanos en España si el anticristo, encarnado en Rodríguez Zapatero, sigue reinando desde el Palacio de la Moncloa. Parece una exageración pero también los obispos tienen derecho a exagerar en la libre expresión y difusión de sus pensamientos, sus ideas o sus opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Faltaría más. Sin embargo, en el uso del mismo fuero, que no sólo es de los clérigos sino de todos y cada uno de los ciudadanos, incluidos los ministros y los secretarios de Organización del PSOE, los obispos han de estar dispuestos a poner la otra mejilla si alguien censura a la Iglesia española por haber impuesto el crucifijo en las escuelas, aceptar cargos militares o rezar por los gobernantes franquistas al término de la misa. Si miramos al presente, también deben asumir el derecho a la libertad de expresión de quienes critican sus privilegios, los casos de sacerdotes implicados en casos de pederastia o, desde su propio ámbito, la notoria disminución de la práctica religiosa en nuestro país. Porque donde las dan las toman.

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