Las clínicas abortistas demandan una ley de plazos por consenso

Aún conscientes de que entramos en breve en plena campaña electoral, que deberá decidir en consecuencia qué partido toma las riendas en la próxima legislatura, las clínicas abortistas plantearon al Gobierno una reforma de la legislación sobre esta materia, «ya que no cubre la demanda social existente», y demandaron la articulación de una «ley de plazos» del aborto (derecho a abortar en un plazo determinado de tiempo sin tener que alegar nada) con el «consenso necesario». La petición de esta reforma legislativa pretende, según los centros de interrupción del embarazo, homologarnos a los países europeos más avanzados y, a grandes rasgos, su propuesta no fue desechada por los ministros de Sanidad, Bernat Soria, y Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con los que se reunieron ayer. La delegación de Acai (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo) y de otros centros no asociados obtuvieron una impresión positiva de ambos encuentros, máxime cuando el mismo Bernat Soria no cerró la puerta a una modificación de la actual legislación sobre el aborto, que data de 1985, siempre que se consiga un «amplio consenso». Una predisposición nada novedosa, si se tiene en cuenta que el programa electoral del PSOE ya recoge que promoverá una reflexión y debate social sobre la vigente ley y sobre la posibilidad de modificar la misma con un consenso lo más amplio posible. De 12 a 14 semanas Aunque no hay una unidad de criterios definida entre las clínicas, uno de sus vocales propugnó un lapsus de tiempo comprendido entre las 12 y las 14 semanas (es decir, el primer trimestre) para que el aborto puede ser una derecho ejercido por la mujer libremente y sin cortapistas de ningún tipo. Responsables de Acai resaltaron que encontraron al titular de Sanidad «muy receptivo» a sus demandas, ya que aseguró que, en el ejercicio de sus competencias, «hará todo lo posible por garantizar la equidad, la calidad y la cohesión en la prestación de este servicio sanitario». Soria les trasladó, asimismo, que todas las mujeres tienen derecho a recibir esta prestación sanitaria, como cualquier otra incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, «en las mejores condiciones de seguridad y con plenas garantías de confidencialidad dentro de los supuestos legales despenalizados en España». El ministro, además, expresó su sorpresa por «la ofensiva que en estos últimos meses se está produciendo desde sectores ultraconservadores, con ataques a centros sanitarios» en los que se practican interrupciones voluntarias del embarazo. Soria expresó su respeto por las instancias judiciales que están llevando los casos de las clínicas, si bien no comparte «cómo se ha procedido a la comunicación de la citación la semana pasada a varias mujeres para declarar como testigo». Y es que, a su juicio, «podría estar siendo afectado el principio de confidencialidad que prima sobre los historiales clínicos de las mujeres», según un comunicado difundido por Sanidad. Un día después de que el Instituto de Política Familiar (IPF), un organización independiente y de talante conservador, denunciara que en España ya se registran al año más de 100.000 abortos, las clínicas legales que practican la interrupción del embarazo continúan estimando que la ley vigente adolece de «lagunas» evidentes. «Por ejemplo, que en caso de fetos incompatibles con la vida, por taras físicas o psíquicas, sólo se pueda abortar hasta las 22 semanas y si se conoce a las 25 semanas haya que esperar a dar a luz a lo que será un bebé con graves malformaciones», indican. Desamparo Los centros abortistas se han sentido objeto en las últimas semanas de una estrecha vigilancia que consideran incomprensible, después de las medidas puntuales adoptadas por algunos jueces en torno a determinadas clínicas y los interrogatorios a los que han sido sometidos un número indeterminado de mujeres que habían abortado. Los orígenes de esta «anómala» situación, según responsables de algunas clínicas, se remontan al pasado mes de diciembre, cuando la Policía clausuró cinco centros abortistas en Barcelona por haber atendido a mujeres en un estado de gestación muy avanzado. El pasado martes, 15 mujeres de un colectivo feminista se autoinculparon en los juzgados de Vigo por haber abortado en su día fuera de los supuestos que permite la ley. Esta campaña, según fuentes de Acai, no ha hecho más que empezar, ya que será respaldada por otros grupos feministas que, de momento, han optado por convocar una concentración el próximo miércoles, día 23, en la Puerta del Sol de Madrid «en defensa del aborto», a la que se han adherido los centros acreditados para practicar abortos.