Detenida una red de furtivos que hacía cacerías en reservas naturales

La Guardia Civil ha desarticulado en Toledo, Madrid y Salamanca dos grupos especializados en la caza furtiva que incluso organizaba cacerías ilegales en reservas naturales para abatir especies protegidas. La operación 'Bambi' se ha saldado con la detención de 6 personas en Toledo, 4 en Salamanca y 2 en Madrid, a quienes se imputan los presuntos delitos de asociación ilícita, tenencia ilícita de armas de fuego prohibidas y otros relativos a la protección de la fauna y la flora. Se trata de la mayor operación de estas características realizada hasta a la fecha en España, subrayó el instituto armado. Fruto de esta operación se han decomisado más de 50 armas de última generación, rifles con mira telescópica de precisión, focos, silenciadores, etc, unos 500 trofeos de caza de especies protegidas como el turón o la avutarda y hasta crías de animales congeladas. Los investigadores localizaron además en Toledo una taxidermia ilegal en la que se disecaban las piezas cobradas. Algunos de los integrantes de la red acumulan antecedentes por los mismos delitos desde los años 80. En la capital castellano-manchega los detenidos son V.M.R, encargado de las labores de vigilancia en los lugares escogidos para la caza furtiva; J.C.C y J.L.S.B fabricaban los silenciadores -'chupetes' en el argot cinegético- que vendían a los clientes a un precio de 700 euros unidad; P.C.C practicaba los dobles fondos en los vehículos para ocultar las armas y las piezas; y J.A.S.G y J.C.C. Los detenidos en Salamanca -M.H.P, L.A.O.C, P.G.L y J.B.P- fueron identificados por comprar silenciadores a los anteriores. En Madrid fueron arrestados M.T.C y y J.R.C. A este último se le considera el cabecilla de la red y encargado de captar clientes, buscar el lugar propicio para las preferencias cinegéticas de éstos y facilitar el armamento. El portavoz de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, José Luis González Capilla, precisó que algunos de los detenidos, todos españoles, tienen un alto poder adquisitivo «que les hacía pensar que podían cazar en cualquier sitio y cualquier especie». Son experimentados cazadores, cuentan con amplios conocimientos de cartografía e incluso eran capaces de fabricar ellos mismos los silenciadores -prohibidos salvo para usos muy concretos de las fuerzas de seguridad del Estado- que ocultaban en dobles fondos de sus vehículos y en agujeros practicados en los faros traseros. A sus clientes les exigían el pago de unos 3.000 euros por la captura de un lobo y de 1.200 por cinco corzos a la hora de ser contratados como pretendidos guías. La operación Bambi se inició a finales del pasado año al detectarse cacerías ilegales en reservas naturales. Las investigaciones posteriores determinaron que los integrantes de estos grupos actuaban en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León y que eran muy cautelosos en todos sus movimientos. Manejaban escáneres y emisoras para comunicarse entre sí y huir rápido si eran detectados por la Guardia Civil o los guardas de las fincas. Utilizaban también vehículos de apoyo, lanzaderas de vigilancia y otro para la recogida de las piezas.