El Poder Judicial busca aclarar ya la responsabilidad del caso Mari Luz

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tratará hoy de acelerar al máximo el proceso de depuración de posibles responsabilidades por errores judiciales en el caso del asesinato de la niña onubense de cinco años Mari Luz Cortés. La Comisión Permanente del CGPJ escuchará del jefe de la Inspección las primeras conclusiones sobre la investigación interna que trata de determinar si el presunto asesino de la niña, Santiago del Valle, estaba en libertad cuando cometió el crimen por un fallo del Juzgado Penal 1 de Sevilla. En otras palabras, sabrá si la inspección iniciada el viernes pasado ha recabado indicios de que el titular del juzgado, el magistrado Rafael Tirado, no ordenó en 2006 la busca y captura e ingreso en prisión de Del Valle, para cumplir una sentencia firme por abusos sexuales a otra menor. Fuentes de la institución indicaron que el Poder Judicial es consciente de la gravedad de los hechos y de la enorme alarma social que han provocado por lo que, si existen indicios claros de una posible falta disciplinaria, solicitará la inmediata convocatoria de la Comisión Disciplinaria para que decida sobre la apertura de un expediente sancionador contra el juez. La comisión disciplinaria extraordinaria podría estudiar el informe preliminar de la Inspección esta misma semana sin esperar a la reunión ordinaria del próximo 9 de abril. Si el documento propone la apertura de un expediente disciplinario por una o más faltas muy graves, los vocales, además de ordenar el expediente, podrían poner en marcha el proceso para la suspensión cautelar del magistrado, por entender que la investigación compromete su función judicial. La ley indica que esta medida cautelar, que no puede durar más de seis meses, la tomará la comisión, en un plazo máximo de cinco días, tras oír al instructor del expediente, al interesado y al fiscal. La fuerte polémica desatada en los ámbitos político y social por el error judicial se ha trasladado al CGPJ. La mayor parte de los vocales progresistas han pedido al presidente que averigüe por qué la Inspección no detectó este fallo en la auditoria que hizo hace cinco meses en el juzgado sevillano y que depure responsabilidades si las hay. Al tiempo, pedirán en el pleno del próximo miércoles la dimisión del vocal conservador Enrique López como portavoz del Poder Judicial por entender que ha querido reabrir en los medios de comunicación, sin discusión previa, el debate sobre la introducción en la ley española de la cadena perpetua para determinados delitos. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también decidió tomar cartas en el asunto. Por orden suya, ayer quedó constituida una comisión de estudio para proponer medidas de control más efectivas sobre los imputados o condenados por delitos contra la libertad sexual, y evitar así «que en el futuro se produzcan errores en el funcionamiento de la Administración de Justicia, como el ocurrido recientemente en Huelva, que provocó el asesinato de una menor».