Justicia y Fiscalía investigan si algún funcionario falló en el caso Mari Luz

La depuración de responsabilidades por los fallos en los procesos judiciales contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, alcanza ya todo el abanico de profesionales implicados. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han abierto sendas investigaciones para averiguar si alguno de los funcionarios dependientes de sus departamentos y de la Junta de Andalucía cometieron errores que puedan acarrear sanciones disciplinarias. Las pesquisas examinan el trabajo realizado por funcionarios, secretarios judiciales y fiscales en los distintos juzgados, sobre todo de Sevilla, que tramitaron causas contra Del Valle. Ambas investigaciones se suman a la que tiene en marcha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra dos jueces sevillanos. El objetivo de todas ellas es saber qué errores se cometieron y por quiénes para que un delincuente sexual que en 2006 contaba en su haber con dos condenas firmes de más de dos años de cárcel no ingresase en prisión antes de matar a Mari Luz. El escándalo y la alarma social producida por este «clamoroso» fallo del sistema judicial, como lo definió el propio portavoz del CGPJ, ha desencadenado un proceso de depuración de responsabilidades sin precedentes. Una respuesta en línea con la promesa hecha por el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, el fin de semana pasado al padre de la víctima, a quien aseguró que la investigación llegará «hasta el fondo». El Servicio de Inspección del Poder Judicial continuaba ayer con la acumulación de los documentos, entre ellos los escritos de descargo de ambos jueces, que utilizará para redactar el informe que el lunes próximo discutirá la Comisión Disciplinaria, durante una reunión urgente y extraordinaria. Las fuentes consultadas indicaron que los indicios recogidos sobre la intervención de ambos jueces en este caso llevarán el lunes a los vocales del CGPJ a abrir sendos expedientes disciplinarios contra ellos por faltas graves o muy graves de dilación injustificada o desatención de los asuntos del juzgado. Reformas del sistema La comisión formada en la Fiscalía General para mejorar el control judicial de los delincuentes sexuales celebró hoy su primera reunión y decidió que en un plazo máximo de tres meses deberá emitir un informe con las propuestas legislativas y las reformas en la gestión procesal que se considera necesario realizar. Los expertos de la Fiscalía sopesan recomendar la unificación de los diferentes sistemas informáticos empleados por las instituciones involucradas.