Antes de una demolición se deben separar las materias peligrosas

El Plan Regional de RCD supondrá una inversión de 101,3 millones de euros, de los que el 89% será aportado por las constructoras en virtud del principio de quien contamina paga y, el resto, mediante financiación pública. Si en la actualidad, llevar una tonelada de escombros al vertedero cuesta unos veinte céntimos, con la aprobación del Plan, depositarla en un gestor costará entre 9,5 y 16 euros (dependiendo de las condiciones del residuo), precio que desde la Consejería de Medio Ambiente se considera «asumible por el sector y una cantidad insignificante teniendo en cuenta el precio final de una vivienda, aunque lo más probable es que las constructoras acaben trasladando ese coste al consumidor». Las ventajas, en cambio, serán medioambientales y supondrá la creación de puesto de trabajo. Conviene tener presente que los escombros no deben ser considerados residuos inertes salvo que las empresas constructoras realicen una adecuada segregación de los materiales tóxicos (aislantes, pinturas, barnices, disolventes, alquitrán, vidrios y plásticos) para que las plantas de tratamiento puedan gestionar únicamente aquellos que son propios de una obra (ladrillo, cemento, cerámica, hormigón, teja o madera). Además, antes de realizar una demolición deben separarse también los metales contaminados con sustancias peligrosas, los PCB presentes en los transformadores eléctricos, los CFC de los conductos de refrigeración o las maderas tratadas con productos alquitranados que emiten gases tóxicos cuando son valorizadas energéticamente. También se consideran peligrosos algunos aditivos del hormigón.