Telma Ortiz recurre el auto que le denegó amparo frente al acoso mediático Más de 94.000 mujeres han tenido protección judicial en tres años

Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias, y su compañero sentimental, Enrique Martín-Llop, siguen sufriendo acoso por parte de los medios de comunicación y por ello cambian constantemente de domicilio. Así lo aseguró ayer su abogado, Fernando Garrido Polonio, quien informó de la presentación de un recurso en la Audiencia de Toledo contra el auto dictado el pasado mes de mayo por el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad que denegó las medidas cautelares solicitadas por la pareja para proteger su intimidad y defenderse del cerco mediático. El letrado Garrido Polonio remitió ayer un comunicado en el que resaltó que Telma Ortiz y Enrique Martín-Llop, que comenzaron a convivir hace meses en Toledo -ciudad natal de Enrique- al nacer su hija, se ven obligados a cambiar de residencia, incluso fuera de España, para evitar que la prensa del corazón pueda captar imágenes de la pareja y de su hija en el día a día. En los casi tres años de vigencia de la ley de Violencia de Género un total de 94.133 mujeres han recibido protección judicial. Entre las medidas de seguridad propuestas por los magistrados cabe destacar la escolta policial, abandono del domicilio familiar del inculpado, orden de alejamiento, protección de datos personales, patria potestad de los hijos, suspensión del derecho a la tenencia de armas del condenado o supresión del régimen de visitas a sus descendientes. Asimismo, en este mismo periodo los jueces han emitido 89.545 sentencias, de las cuales el 72% acabaron condenando al agresor. Estos datos se incluyen en el informe anual que la próxima semana hará público el Ministerio de Igualdad sobre el balance global de la ley. El mismo menciona que casi 10.000 mujeres se han beneficiado este año de la renta activa de reinserción o que 1.713 han encontrado trabajo gracias a las ayudas a la inserción profesional. Además, en el apartado policial ya se cuenta con 1.800 agentes especializados y, en el judicial, existen 458 tribunales (83 de ellos exclusivos) para tratar las denuncias por violencia doméstica. Precisamente, las medidas jurídicas de la ley fue uno de los asuntos centrales de la 22ª Conferencia Sectorial de la Mujer, que ayer se celebró en Madrid con la presencia de la ministra de Igualdad y los representantes autonómicos. Sobre la mesa, una de las principales críticas de las comunidades se centró en la mala distribución de los juzgados especializados. Además de su escaso número -algo en lo que coinciden todos los agentes involucrados-, hubo coincidencia de opiniones en la necesidad de «mejorar su redistribución». Para ello se pretende reformar las leyes del poder Judicial y de Planta y Demarcación con la idea de «comarcalizar» dichos juzgados especiales y cubrir así las pequeñas localidades adonde ahora no llegan. La pasada semana, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, confirmó esta iniciativa y aseguró que para sacarla adelante es necesario ampliar el territorio competencial de los partidos judiciales que no tratan de forma específica la violencia contra la mujer. En unos casos será «con competencia total en la provincia y en otros será con competencia en la comarca; en definitiva, la idea es agrupar», señaló el ministro. La próxima Conferencia Sectorial de la Mujer se celebrará en septiembre y para ese mes la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció su intención de hacer públicas las bases del futuro gran pacto de Estado contra la Violencia de Género.