| Crónica | «Aquí se acaba el chollo» |
La difícil misión de intentar saber la verdadera edad de un ghanés
En la investigación se ha revelado el fraude cometido por otros 25 jóvenes del mismo país que falsearon su documentación para hacerse pasar por menores y ser acogidos por el centro.
Seis jóvenes de nacionalidad ghanesa están siendo investigados por la Fiscalía de Valencia para determinar si son menores de edad y pueden permanecer en el centro de protección donde residen. Así lo ha dicho ayer la fiscal coordinadora de Menores, Gema García, responsable de la investigación que ha revelado el fraude cometido por otros 25 jóvenes del mismo país que falsearon su documentación para hacerse pasar por menores y ser acogidos por el centro. Según ha concretado, el centro detectó un grupo de 31 ghaneses cuyas partidas de nacimiento eran «contradictorias» con su apariencia física, por lo que la Fiscalía ordenó someterlos a unas pruebas óseas «pioneras» para determinar su edad -radiografías del hombro y hortopantomografías-, y sólo uno de ellos resultó ser menor. Cuatro de ellos «desaparecieron» del centro mientras el Instituto de Medicina Legal de Valencia practicaba las pruebas, y el resto fue trasladado por la Brigada policial de Extranjería al juzgado de Guardia. El juez ordenó el ingreso de 18 de ellos en un centro de extranjería para tramitar su expulsión del país; otro está a la espera de más pruebas y los dos restantes ya tenían órdenes de expulsión. «La mayoría de edad era evidente, llamaban muchísimo la atención», ha contado la fiscal, que ha precisado que algunos se rapaban la cabeza para evitar que se les vieran «las canas». Los implicados en esta «burla al sistema de menores» representaban un tercio de los residentes del centro (ocupaban 31 de las 90 plazas disponibles). La coordinadora ha celebrado que no se produjera ningún incidente durante los dos meses que han residido en el centro, porque algunos tenían hasta treinta años, y la convivencia con niños de doce y catorce año «podía haber sido muy peligrosa». La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, ha reconocido que estas circunstancias se producen porque los jóvenes inmigrantes conocen «el buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», que deben llevar a los menores extranjeros indocumentados a centros de acogida. No obstante, ha advertido de que «aquí se acaba el chollo», puesto que la Fiscalía va perseguir estos intentos de fraude que nacen de soportes legales de documentación con datos falseados. «Esto aquí no se va a permitir más», ha reiterado Gisbert, quien ha elaborado un protocolo de actuación ante casos similares que pretende impulsar a partir de septiembre mediante convenios con la Generalitat que permitan hacer mayor número de pruebas. La fiscal jefe ha asegurado que es la primera vez que se detecta un fraude de estas características llevado a cabo «en bloque». Además, ha destacado la «sincronización» que ha habido entre la Fiscalía, la dirección del centro de acogida, el Instituto de Medicina Legal de Valencia y el Cuerpo Nacional de Policía.