La partida estatal para la Ley de Dependencia se incrementa un 9%

El Gobierno acordó este miércoles con las comunidades autónomas el reparto de 241 millones de euros para financiar este año la Ley de la Dependencia. La partida se ha distribuido teniendo en cuenta criterios equitativos, como el número de persona dependientes, la renta o la superficie de cada región. Según el Ministerio de Educación, del que depende Asuntos Sociales, la cuantía para servicios de la Ley aumenta en 21 millones (un 9%) con respecto al pasado año. Esta financiación es adicional a la que el Estado aporta por cada persona considerada como dependiente, que entre enero y mayo ascendió a 315 millones. Tras tres horas de reunión, la ministra Mercedes Cabrera y los consejeros autonómicos acordaron el criterio para repartir los 241 millones para desarrollar la Dependencia. Todas las comunidades incrementan el botín con respecto a 2007, algunas más: La Rioja un 25% o Cataluña un 21%; y otras menos: Cantabria un 8% y Galicia y Extremadura un 11%. En términos cuantitativos, la mayores partidas recayeron en Andalucía (42 millones), Cataluña (39) y Madrid (27) y por abajo se situaron las autonomías uniprovinciales: La Rioja (2 millones), Cantabria (3,6) y Baleares (4,8). Con el País Vasco se gestiona a través del cupo. Murcia y Galicia pusieron la nota discordante al concluir el Consejo Territorial. El consejero murciano de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, señaló que los 241 millones presupuestados representan un 27% del dinero que el Estado aportará este año para desarrollar la ley, un porcentaje que a su juicio es «insuficiente» y que el año pasado alcanzó el 50% del presupuesto global. En la misma línea, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, puso en duda que la crisis económica no vaya a afectar a la ley de dependencia. La ministra salió al paso y dijo que con esta cuantía se corrobora el compromiso del Gobierno de sacar adelante las políticas sociales. No obstante, reconoció que «eso no quiere decir que la situación económica por la que atravesamos no tenga algún tipo de influencia en el despegue de la ley».