Más de 378.000 dependientes son ya beneficiarios de las ayudas y tienen derecho a las prestaciones
Más de 378.000 dependientes son ya beneficiarios de las ayudas y tienen derecho a las prestaciones previstas en la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007. Según la última estadística, hecha pública ayer por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, desde esa fecha se han presentado 606.446 solicitudes, se han valorado 511.700 casos y se han emitido 481.325 dictámenes, de los que hasta ayer se habían beneficiado 378.378 dependientes. De la cifra total de solicitudes, 375.647 corresponde a mujeres, 196.901 a hombres y en 33.898 casos no consta el sexo. Más del 58 por ciento de las solicitantes tienen más de 80 años, porcentaje que se reduce al 39,22 en el caso de los varones. De las prestaciones reconocidas -378.378-, 103 han sido de prevención, dependencia y promoción de asistencias personal, 7.098 de teleasistencia, 23.914 de ayuda a domicilio, 9.807 en centros de Día/Noche, 49.828 de atención residencial, 8.634 de prestaciones vinculadas al servicio, 69.143 a los cuidados familiares y 149 a la asistencia personal. En 209.702 casos la prestación no está especificada, por lo que el Ministerio ha solicitado información a la comunidad autónoma correspondiente. Acusación La consejera de Bienestar Social del Gobierno asturiano, Teresa Ordiz, acusó ayer a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, y en particular a Madrid, de «hacer caja» con los fondos que les transfiere la administración central para financiar el desarrollo de la Ley de Dependencia. Según la titular de Bienestar Social, aunque la memoria económica de la Ley tiene una dotación «insuficiente» para atender la demanda real de solicitantes, a algunas comunidades del PP les está sirviendo para «hacer caja», dado que los expedientes que están valorando se sitúan incluso por debajo de las previsiones iniciales. En Asturias el desarrollo de la ley en 2008 supondrá un gasto de 110 millones, de los que 83 serán aportados por el Principado y el resto por la administración central.