«Proporcionar una buena muerte es un derecho del paciente y un deber»

Trataron de convertirlo en el «doctor muerte», pero el anestesista Luis Montes (Villarino de los Aires, Salamanca, 1949) asegura que lucha «por la vida». «Una vida digna merece una buena muerte» dice. Pero Montes, que no recuperó su puesto de coordinador de urgencias en Leganés, asegura que «no gané la partida». Aún es anestesista en el hospital público Severo Ochoa donde se desató la caza de brujas y cuenta su peripecia en El caso Leganés (Aguilar). Auxiliado por el periodista Oriol Güel narra su batalla por su dignidad y la de sus pacientes. Defensor a ultranza de la sanidad pública, está empeñado en que se debata «sin miedos» sobre el fundamental derecho a una «muerte de calidad» y la despenalización de la eutanasia. -Le dieron la razón pero ¿no ganó la guerra? -Por supuesto. Con la retirada del auto de cualquier referencia a la mala práctica médica ganamos la batalla en el tribunal, pero perdimos la guerra. Tanto por el desprestigio de la sanidad pública como por el hecho de que se muera peor que antes. En el hospital de Leganés se masacró a todo mi equipo. Nos dieron hasta en el carné de identidad. -Pero ha abierto el debate sobre la calidad de la muerte. -Es muy necesario. En el siglo XXI está claro que los sufrimientos innecesarios no conducen a nada. Hay avances y arsenal terapéutico para que la calidad de la muerte sea una realidad. Existe la buena muerte y mala muerte. Mi madre murió muy bien, de forma súbita en cinco minutos. Mi padre fatal. Agonizó 50 días con un cáncer y un enorme sufrimiento. La medicina debe hoy evitar ese sufrimiento y garantizar la calidad de muerte, expresión que prefiero a la de muerte digna. Todos tenemos el derecho a morir bien. -¿Es tan primordial cómo el derecho a la vida? - Sin duda. Está entre los fundamentales del ser humano, como el derecho a la educación, a la asistencia sanitaria, al trabajo o la libertad de expresión. Una vida digna y de calidad exige calidad de muerte. -¿La sedación en un acto piadoso? - Tan piadoso como necesario. Se plantea ante síntomas refractarios, de difícil tratamiento, que sólo dejan una salida: anular la conciencia del paciente. Si no se realiza, se comete un delito de omisión. Habría que empezar a denunciar a los médicos que no la aplican. Proporcionar una buena muerte es, además de un derecho del paciente, un deber deontológico. -¿Su caso acentuó el miedo de sus colegas a sedar? -Creo que sí. -¿Distinguimos bien entre sedación terminal y eutanasia? -No. Hay una confusión enorme y a veces premeditada y alevosa. En especial entre la eutanasia activa, que no ampara la ley, la pasiva y el suicidio asistido. Eutanasia quiere decir buena muerte. Hay un ordenamiento jurídico claro. La sedación de un paciente terminal está despenalizada y la eutanasia activa no. Hay que debatir su despenalización. Eutanasia activa sólo hay en Holanda y Bélgica. Suicidio asistido en Suiza y en Oregón, y se debate en Francia Alemania. Un debate que será intenso en los próximos años y que ajustará procesos jurídicos a la realidad. -¿Se tiene miedo a afrontarlo? -Pesan muchos intereses, pero el debate está en la calle. Es un bullicio popular. Nadie quiere morir con sufrimientos innecesarios. La vida es un derecho natural y un adulto lúcido debe poder decidir sobre ella. Y decidir sobre tu vida supone hacerlo sobre tu muerte. Es un derecho que no debe ser tutelado. -¿Ha firmado su testamento vital? -Sí. Es una herramienta decisiva. Todo el mundo debería hacerlo. Hay muy pocos. Y no es lo mismo que haya 1.000 que 100.000 registros. No hay que esperar nos acose el cáncer para hacerlo. -¿La sanidad pública tiene salvación o está catatónica? -Es el mejor servicio público de este país, a pesar de cierto caos. Me molesta oír que está catatónica, cuando es envidiada en el mundo. El Reino Unido, que con la señora Thatcher fulminó su sanidad pública, se mira ahora a España y debate recuperarlo. En EEUU se reclama también un sistema de salud público. Está demostrado que la contabilidad analítica y la gestión privada no mejoran la calidad. La medicina privada se practica para obtener beneficios y si la iniciativa privada entra en la sanidad pública, es por ánimo de lucro, no por compasión ni por altruismo. Si lo privado avanza, nos gastaremos parte de impuestos en satisfacer ese ánimo de lucro.