Los profesores piden cambiar la Ley del Menor para evitar ser agredidos

Cercados por la indefensión ante la agresividad y la violencia de alumnos y padres. Así se sienten los profesores de colegios e institutos, que reclaman el reconocimiento legal y efectivo de su autoridad para hacer frente a una grave situación. Reclaman también una modificación de Ley del Menor «para evitar que las víctimas de agresiones sean más perjudicadas que sus agresores». Alertan del incremento de las agresiones de unos padres que jamás cuestionan el comportamiento de sus hijos y del creciente uso de los menores de teléfonos y vídeos para grabar acciones violentas y vejaciones que luego cuelgan impunemente en Internet. «Agredir a un profesor sale tan barato como un todo a cien; una madre que abofeteó a una profesora tuvo una sanción de 120 euros» denuncia la psicóloga Inmaculada Suárez Valdés, desde el sindicato Anpe, que levanta acta de situación con su informe del Defensor del Profesor. Quieren los docentes que se les reconozca legal y efectivamente su autoridad «como a un agente municipal, cuya palabra prima gracias a la presunción de veracidad en caso de conflicto» según plantea el presidente de Anpe, Nicolás Fernández. Para reconocer la autoridad del docente y que se cataloguen como atentado a la autoridad las agresiones «es necesario que se modifiquen las dos grandes leyes educativas, la LOE y la Lode» Modificar la Ley del Menor permitiría que «en casos de acoso y agresión no sea la víctima la que abandone finalmente el centro educativo, al que regresan los agresores cuando cumplen una sanción». «No hay ninguna orden de alejamiento para los menores que cometen agresiones. La sanción máxima que se aplica en la comunidad educativa es de un mes. Las reivindicaciones de los docentes se plantean a la luz del informe del Defensor del Profesor, instancia creada hace cuatro años por el Sindicato Independeiente Anpe y que dibuja un panorama preocupante para los profesionales de la docencia. Atiende casi 3.500 llamada anuales de unos profesores que se sienten abandonados e indefensos. Tanto, que un 7% de los que recurren al Defensor se dice dispuesto a tirar la toalla y dejar la profesión. Un 46% padece cuadros de ansiedad, un 22% de depresión y un 13% está de baja laboral en el último curso.