El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad alerta de problemas de la nueva ley
Colectivos de dependientes, contra el afán «recaudatorio» del copago
La avanzada legislación española deberá adaptarse a la Convención de las Naciones Unidas
El miércoles se celebra El Día Internacional de las Personas con Discapacidad
madrid
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad tendrá el próximo miércoles dos caras para ese colectivo de 4,12 millones, el 9% de la población española. Una «muy óptima», derivada de la entrada en vigor en mayo de la Convención de las Naciones Unidas sobre sus Derechos, que hace obligatorio su cumplimiento y trasposición a la legislación nacional. Y otra de grave malestar por el sistema «recaudatorio» de copago para la dependencia acordado el jueves por Gobierno y comunidades autónomas, que será recurrido ante los tribunales por el Cermi, la plataforma que representa a sus más de 4.000 asociaciones y entidades.
Aunque el Cermi -”Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad-” basará su protesta legal en un defecto de forma sobre el insuficiente rango normativo de lo pactado, su queja de fondo es muy severa. El sistema acordado, se lamenta, penalizará sobre todo a quienes más se han esforzado por alcanzar una vida autónoma, de participación e integración. Frente a su demanda de una aportación máxima del 80% de la capacidad financiera de la persona dependiente afectada, el acuerdo oficial eleva el tope al 90%. Y frente al reclamo de una exención de pago para rentas inferiores a 2,5 veces el llamado Iprem (Índice Público de Renta de Efectos Múltiples), la cantidad pactada no pasa de 1 IPrem, que supone 516,90 euros.
Roser Romero, secretaria de organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), considera que lo acordado va «contra el espíritu con que se hizo la Ley de Dependencia» y no cuadra con su propósito de ser el cuarto pilar del Estado de Bienestar, porque «para el resto no se pide ese nivel impositivo y de participación tan elevado». En tales condiciones, advierte, a muchas personas dependientes con discapacidad «las van a poner por debajo de los niveles de pobreza».
Dignidad y justicia
La otra cara del 3 de diciembre sí va a ser de celebración, como queda en evidencia desde su propio lema: «Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Dignidad y Justicia para todos». Dos conceptos que la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino, sitúa «en la dimensión de los derechos humanos» y en un nuevo «marco protector y garantista» que exigirá una «revisión del ordenamiento jurídico».
España tiene «una de las legislaciones más avanzadas» en ese ámbito (Ley de Integración de Minusválidos de 1982, Ley de Igualdad de Oportunidades de 2003, Ley de Dependencia de 2006), por lo que «no habrá que modificar demasiadas leyes».
Pero de todos modos, remacha, «deberá tratarse la discapacidad de forma transversal» en todas las políticas públicas y normativas.