El Defensor del Pueblo denuncia malos tratos en el 50% de los centros de menores

madrid

Las quejas de algunos padres y de no pocos educadores llevaron al Defensor del Pueblo a echar un vistazo a los centros para menores problemáticos de diversa índole, sea por adicciones, trastornos psicológicos o psiquiátricos, o por descomposición familiar. Lo que ha visto en 27 de los 58 centros de estas características que hay en España provoca algunos escalofríos.

Existen celdas de castigo siniestras, uso desproporcionado de la fuerza para sofocar crisis, sedaciones dudosas y vulneración frecuente de derechos de los menores.

El resultado son 469 páginas remitidas a las Cortes, apenas «unas pinceladas», dice la institución, de un cuadro bastante negro y del que emana una evidencia; falta un sistema de atención coherente, homogéneo e integrado para menores problemáticos según su tipología. Una vez más, cada comunidad autónoma es un mundo, la normativa es dispersa y cada centro sigue su propio protocolo sin apenas supervisión oficial.

Hay de todo, desde pseudocárceles hasta chalets idílicos en medio de la naturaleza pero todos, incluso los mejores, dan cierta impresión de ser aparcaderos de chavales desnortados más que centros de recuperación. En general, faltan plazas, hay listas de espera, y a menudo se mezclan churras con merinas, jóvenes que necesitan ser reformados con jóvenes que han de ser protegidos.

Adolescentes con cuadros psiquiátricos clínicos, otros con problemas de adicción a las drogas; asociales, delincuentes o víctimas de familias degradadas. Una cuarta parte son menores inmigrantes.

A menudo, la ausencia de recursos especializados para cada problemática obliga a la administración autonómica correspondiente «a derivarlos al dispositivo en el que haya alguna plaza vacante, aunque éste no sea el más adecuado para el niño ( ) lo que puede provocar consecuencias indeseadas tanto para la evolución del menor como para la del grupo de niños acogidos en el centro», reza el estudio.

El trabajo retrata a 27 centros de casi todas las comunidades autónomas, 5 en Madrid, 3 en Andalucía, Cataluña y País Vasco, 2 en Aragón, Valencia y ambas Castillas, y uno en Navarra, Murcia, Cantabria, Canarias, Galicia. Sólo tres son de gestión y titularidad públicas. En la mayoría la gestión es privada, delegada desde la administración autonómica, aunque no parece ser relevante para su buen o mal funcionamiento.

Goma negra

Sin generalizar, los casos más graves descritos en el informe hablan de menores atados por las muñecas con correas, castigados sin salir durante días y, sobre todo, de celdas de aislamiento «verdaderamente atroces», rebautizadas con eufemismos imaginativos como salas de agitación, de reflexión, de tiempo fuera, o espacio libre de estímulos para los momentos de crisis. Las hay que lindan peligrosamente con la tortura, faltas de ventanas y de ventilación, sin iluminación, con correas de sujeción. La del centro Casa Joven, de Guadalajara, es descrita como «siniestra, de reducido tamaño, no tiene ventana, estando las paredes recubiertas de una goma negra que desprende un olor muy fuerte y desagradable, casi irrespirable».

Capítulo aparte merecen las actuaciones para reducir a algún joven violento o en shock. Con frecuencia las «contenciones físicas» por parte del personal de seguridad va cargadas de «agresividad desproporcionada». En el centro Baix Maestrat, de Castellón, un vigilante fracturó un brazo a un chico al tratar de reducirle. En las crisis también se abusa de la medicación y los sedantes, utilizados hasta en un 75 por ciento de los casos, dice el informe, y «no siempre» existe un protocolo claro de intervención clínica previamente establecido.

El retrato robot del menor-tipo ingresado en uno de estos centros es el de «un adolescente varón, español, de entre 13 y 18 años de edad, tutelado por la Administración, que ha pasado ya por otros recursos existentes y que padece algún trastorno de conducta», recalca el estudio.