Diario de León

continúa la toma de declaraciones

Prisión sin fianza para la alcaldesa de La Muela

Familiares de María Pinilla.

Familiares de María Pinilla.

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EFE

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El titular del juzgado de Instrucción número uno de La Almunia (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha decretado esta noche prisión comunicada pero sin fianza para la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística.

El juez, que ha dejado las dependencias judiciales a las 01:55 horas, ha estimado que era "la decisión que tenía que tomar", según la abogada Xenia Cabello, quien ha indicado que Pinilla, que ha testificado durante más de cuatro horas, "está muy bien" y ya está siendo trasladada a la cárcel de Zuera.

El Ministerio Fiscal solicitaba para ella prisión y ratificaba los nueve cargos que se le imputaban: cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales y blanqueo de capitales.

En la jornada de este domingo también ha declarado el presidente de la empresa Aranade, Julián de Miguel, para quien el juez ha decretado libertad provisional eludible con una fianza de 120.000 euros, una decisión "justa y acertada" según su abogado, Enrique Trebolle, quien se ha mostrado muy satisfecho. Trebolle ha explicado a los medios que en los próximos minutos se personará en estas dependencias judiciales personal de una entidad financiera de Zaragoza para presentar un aval por dicha cantidad, por lo que en media hora o una hora podrá salir en libertad provisional.

El Ministerio Fiscal solicitaba para el empresario, que ha declarado durante dos horas, prisión incondicional y ratificaba los cargos que se le imputaban, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales y de información privilegiada.

La toma de declaraciones continuará hoy lunes a las 09.00 horas, con el interrogatorio del marido de la alcaldesa, Antonio Embarba, quien ha sido trasladado a dependencias policiales de Zaragoza, donde pasará su quinta noche desde que fuera detenido el pasado miércoles, junto a otras 18 personas, por su presunta implicación en la citada trama.

El arquitecto municipal, Francisco Núñez; el primo de alcaldesa, Carmelo Aured; y el empresario vasco Francisco Aranburu, han sido los otros imputados que han declarado el domingo, y finalmente, por decisión del juez, han quedado el libertad con cargos. Así, de las dieciséis personas que ya han declarado ante el juez desde el viernes, tres han sido enviadas a la prisión de Zuera, la alcaldesa, el concejal del PAR en el Ayuntamiento de La Muela Juan Carlos Rodrigo y el empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado, mientras que doce han quedado en libertad con cargos.

El Ministerio Fiscal considera al concejal del PAR responsable de los delitos de cohecho, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, además de tenencia ilícita de armas, mientras que al empresario de Madrid José Carlos Fernández, lo considera responsable de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, y falsedad documental.

Los imputados puestos en libertad son el hijo de la alcaldesa, Víctor Embarba; Antonio Royo, escolta del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné; su madre y dueña de una gestoría de Zaragoza, María Jesús Velilla; el secretario del Ayuntamiento, Luis Ruiz Martínez; el arquitecto municipal, Francisco Núñez del Castillo; el primo de la alcaldesa, Carmelo Aured; y los empresarios Vicente Rodrigo López, Francisco Aranburu, Isidro V., Antonio F., Luis M.L. y D.F.D.

El juez que investiga el caso, denominado "Operación Molinos", abrió la investigación hace un año a raíz de una denuncia de un particular, que desembocó en la detención, el pasado miércoles, de 19 personas, dos de las cuales fueron puestas en libertad con cargos el viernes por la mañana por las policías de Madrid y Murcia. También está en libertad, pero imputado, el subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carlos Martín Rafecas, a quien se le acusa de un presunto delito de tráfico de influencias.

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