La Fiscalía no ve delito subastar menores en las discotecas
efe | granada
La Fiscalía de Menores de Granada ha archivado la denuncia contra la discoteca de la capital que «subastó» a menores solteras con billetes del monopoly al concluir que en los hechos no existió delito penal, aunque los ha calificado como «deplorables, denigrantes y sexistas».
No obstante, el Ministerio Público ha remitido la investigación practicada a diversas autoridades administrativas ya que entiende que la celebración de la fiesta «pudiera revestir sanciones de carácter administrativo», han informado fuentes de la Fiscalía de Menores.
Tras una investigación «profunda» de los hechos, la Fiscalía ha emitido un decreto en el que se detalla que en la celebración de la «subasta» de menores solteras no se incurrió en figuras delictivas como la corrupción de menores, la revelación de secreto o delitos contra la intimidad o injurias, ya que no hubo actos sexuales, coacciones, violencia o intimidación.
Por contra, después del análisis de determinada legislación administrativa, como la Ley de Espectáculos Públicos de Andalucía, diversas ordenanzas municipales y la propia Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, el Ministerio Público sí ha encontrado que los hechos pudieran derivar en una sanción por la vía administrativa, según publicaba ayer la prensa local.
Con el «debido decoro»
Las fuentes han explicado que la normativa establece que determinados espectáculos públicos se celebren con el «debido decoro» y el respeto de igualdad y, dado que la «subasta» fue «sexista y denigrante», los organizadores de la fiesta podrían ser multados por esta vía.
Por eso, la Fiscalía ha trasladado las conclusiones de su investigación, así como la documentación requerida, a las partes, al Instituto de la Mujer, al Ayuntamiento de Granada, a la Subdelegación del Gobierno y al delegado del Gobierno de la Junta al ser los órganos «competentes» en estas materias para que sean quienes determinen si hubo irregularidades o no.
A partir de ahora el caso queda pendiente de la vía administrativa, que podría derivar en una sanción económica para los responsables de la discoteca o, en caso de que hubiera reiteración, en el cierre del local.